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‘Gremio’ de cultivadores de coca, en el ojo del huracán por caso de Tumaco 

La crisis humanitaria y de orden público generada en Tumaco durante los últimos días, sumada al aumento de los cultivos ilícitos en todo el país, ha originado una serie de fuertes cuestionamientos desde distintas orillas a la política de erradicación del Gobierno y a los acuerdos en esa materia firmados con las Farc.

Parte de los cuestionamientos se han dirigido a la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, organización creada a principios de este año con el objetivo de ayudar al Gobierno Nacional en la implementación de las políticas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.

La Coccam, que reúne a unos cinco mil delegados de comités cocaleros de 14 departamentos del país, según se explica en la hoja de ruta con la que se lanzó la organización en enero, busca negociar con el Gobierno y las comunidades los mecanismos de erradicación y “sustitución integral” de cultivos de coca, marihuana o amapola.

Los cuestionamientos a la organización, sin embargo, empezaron a aparecer desde abril, cuando grupos de cultivadores de coca se manifestaron en Tumaco en contra de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. En estas manifestaciones, que dejaron varios muertos, pérdidas por daños en bienes y paralizaron el transporte público, el Ejército denunció que los cultivadores estaban infiltrados por narcotraficantes o grupos armados como el ELN o disidencias de las Farc.

Ante esos señalamientos, la Coccam, que tiene perfil en Twitter, Facebook y lazos con medios de comunicación de izquierda como Prensa Rural, emitió varios comunicados negando sus vínculos con grupos ilegales.

Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, que investiga el conflicto armado en todo el país, sostiene que es muy difícil verificar que efectivamente la Coccam tenga vínculos o esté infiltrada por grupos armados o narcotraficantes.

Para Ávila, de hecho, el problema es mucho más complejo. “No se trata de sostener si la Coccam tiene vínculos con este tipo de grupos. Como investigador dudo mucho que eso sea así. El gran problema es que la Coordinadora desarrolla acciones en lugares en los cuales grupos armados y de narcotraficantes ejercen una influencia muy fuerte contra los pobladores y, muy probablemente, sí los estén coaccionando. Pero eso no es un problema de la Coccam, eso es un problema de orden público que demuestra la difícil situación que se vive en zonas como Tumaco u otros pueblos del Cauca”.

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El analista agregó, además, que desde su punto de vista la creación de la Coccam ha servido para generar articulaciones entre las comunidades más afectadas por los cultivos ilícitos y el Gobierno Nacional. “Hay que decir que resulta rescatable el hecho de que la Coccam sea un mecanismo de interacción entre el Gobierno y los campesinos cocaleros, que ha facilitado la coordinación entre Estado y comunidades. Pero a la Coccam no hay que pedirle que resuelva el problema de los cultivos ilícitos y de la sustitución. No, la Coccam lo que ha hecho es presentar las peticiones de los campesinos”, concluye Ávila.

Una visión completamente distinta tiene el senador del Centro Democrático y especialista en conflicto armado, Alfredo Rangel, para quien la sola creación de una Coordinadora de Cultivos Ilícitos es una decisión “absurda”.

“Más allá de que la Coccam tenga o no vínculos con grupos ilegales, lo que hay que decir es que por principio no puede haber una organización de este tipo, pues propicia la idea de que los cultivos de coca son legales. Claro que hay que ofrecer a los campesinos alternativas de ingreso, proyectos de desarrollo, pero no a través de organizaciones que dan un mal mensaje, el mensaje de que lo ilícito es legal”, dice Rangel.

Agrega, además, que la creación de la Coccam obedece a una política errada por parte del Gobierno contra el crecimiento de los cultivos ilícitos. “Aquí lo que es claro es que el Gobierno se equivoca. Hay que regresar a las aspersiones y a la política de erradicación forzada y abandonar la idea de que premiar a los cultivadores. Hay que ofrecerles alternativas, pero luchar de frente contra los cultivos ilegales”.

La Coccam ha tenido diferencias con organizaciones campesinas que se han negado a hacer parte de la Coordinadora, puesto que es esta organización la que estaría también encargada de manejar los recursos que serían destinados a todos los procesos de sustitución de cultivos.

Los problemas tienen van desde organizaciones campesinas en zonas de Norte de Santander que no quieren firmar acuerdos de erradicación con el Gobierno a través de la Coccam, hasta otros grupos de campesinos que ya han firmado pactos con el Gobierno, pero que no hacen parte de la Coordinadora, como sucede en varios consejos comunitarios de Tumaco.

El dinero de la sustitución

La importancia de la Coccam reside, además, en el hecho de que es a través de esta organización que el Gobierno se propone desarrollar todos los proyectos de inversión para la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.

La política del Gobierno, pensada a dos años, incluye la entrega de una serie de dineros para el desarrollo de proyectos productivos a las familias que se adhieran a la sustitución de cultivos.

Esa entrega de dinero se da de la siguiente manera: durante el primer año, se entrega mensualmente un millón de pesos a cada familia para el sostenimiento durante el proceso de erradicación. Durante ese primer año, también, se le dan nueve millones de pesos para la ejecución de lo que se conoce como Proyecto Productivo de Ingresos Rápidos, y alrededor de otros cuatro millones de pesos para asistencia técnica y autosostenimiento.

Es decir, durante el primer año se entrega a cada familia al menos $24 millones.

Para el segundo año el Gobierno entrega $10 millones para el desarrollo de proyectos de producción de largo plazo y un millón seiscientos mil para la asistencia técnica de esos proyectos.

En total, una familia que se adhiera a las políticas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos recibe durante dos años alrededor de $36 millones.

Este dinero se entrega a cada una de las familias a través de acuerdos que se firman con la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana en todo el país.

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