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¿Cómo frenar el ingreso de dineros corruptos a la política?

¿Cómo frenar el ingreso de dineros corruptos a la política?

Con el proceso de paz hay una gran oportunidad de hacer las reformas que se requieren para poder evitar la corrupción, dicen algunos, pero cuando se entra a hablar sobre cómo se hace realmente política en el país, se dimensiona cuán complejo será plantear normas que eviten este delito.

Ante este contexto, la primera propuesta que salió a relucir, incluso antes de los recientes escándalos de Odebrecht, es la financiación estatal de las campañas, propuesta que apoyan muchos, pero que igual debe tener ciertas condiciones.

Por ejemplo, Ernesto Matallana, abogado especializado en derecho público y docente de la Universidad Externado de Colombia, afirma que junto con la financiación por parte del Estado se debe controlar la compra de votos.

“Debe haber el financiamiento estatal, pero además con un control de compra de votos, porque de nada me sirve que se prohíba el financiamiento privado si yo recibo plata por debajo de la mesa y con eso compro votos”, dice.

Precisamente, el 24 y 25 de marzo próximos la Misión Especial Electoral presentará las que serán las líneas gruesas de sus propuestas para hacer la reforma electoral, incluyendo los cambios que se deben hacer en la arquitectura institucional.

De esa tarea hace parte la Misión de Observación Electoral (MOE), que dirige Alejandra Barrios. Desde allí también se habla de la financiación estatal como propuesta, pues han insistido que aquí en Colombia no se sabe cuántos recursos manejan las campañas.

“Acá tenemos problemas muy graves para conocer el monto, el origen y la financiación de las campañas. De una parte no todos los recursos que entregan las empresas privadas entran de manera efectiva a la contabilidad de la campaña política. Muchos de estos gastos se entregan a través de bienes y servicios”, dice Barrios.

Y así lo confirma un estratega político, con reserva de identidad, que ejemplifica esa entrega de servicios de manera clara: “Yo soy una aerolínea, entonces te dono 30 pesos, pero por debajo te doy todos los tiquetes del esquema de campaña”.

Otro aspecto, dice Barrios, es que hay créditos que no son de entidades financieras sino de personas o familiares que se aceptan en las campañas políticas –en especial para Senado y Cámara-, sobre los cuales no se conocen mayores detalles y, por tanto, no hay un control efectivo de los mismos.

Esto último se empeora con los gastos que no tienen un registro específico y que manejan los gerentes de campaña, encargados de toda la administración de los recursos y, por ende, las personas de mayor confianza.

“El gerente de la campaña es generalmente el álter ego del candidato, es la mano derecha e izquierda. Es la persona en la que el candidato tiene mayor confianza en una campaña”, dice el estratega, indicando que todas las decisiones y movimientos de recursos las suele conocer el candidato, a menos de que sean gastos básicos diarios.

Óscar Iván Zuluaga Centro Democrático

El candidato del Centro Democrático en el 2014, Óscar Iván Zuluaga, se enfrentó al presidente Juan Manuel Santos, al que le ganó en primera vuelta, pero quien lo derrotó en la segunda.

Colprensa / El País

¿Dónde está el mayor descontrol?

Según la MOE, los gastos que no están bajo control tienen que ver en especial con las donaciones que les llegan al candidato.
Por ejemplo, durante la campaña electoral del año 2014 para el Congreso, todos los candidatos se gastaron $196 mil millones y de ese dinero solo el 8 % correspondió a anticipos y el 12 % a créditos bancarios, mientras el 80 % solo fueron donaciones y créditos personales.

“En el caso de la Presidencia, los candidatos gastaron $66 mil millones en la campaña de primera vuelta y casi $19 mil millones en la de segunda vuelta en 2014 (…) De ellos, el 45 % fueron cubiertos por anticipos del Estado, que fueron solicitados por cuatro de los cinco candidatos. En la segunda vuelta ninguno de los dos candidatos usó financiación estatal”, informó la MOE.

La financiación estatal entonces evitaría ese descontrol, que incluso existe en las cuentas reportadas, ¿pero qué pasa con lo que no se reporta?

Un ejemplo claro es la imputación de cargos al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, y las interceptaciones telefónicas que hay en su contra.

“En logística me estoy gastando, sin exagerar, $10 millones porque necesito contratar carros. Lo que más me preocupa son los mercados, darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados; porque usted sabe cómo se maneja eso (...), con ese recurso yo no puedo mover eso”, le dice una concejala al Gobernador en una de las conversaciones.

Y eso es normal. La logística que mencionan tiene que ver con lo que motiva a la gente a votar, es el famoso TLC - tejas, lechona y cerveza-, además de esa gente que tiene que garantizar votos, como por ejemplo los ‘Puya ojos’ –que saben dónde votan las personas y cuántos votos deben salir por cada zona- y los líderes, que son los que están con las comunidades y compran votos directamente.

“A los líderes le digo vamos ganando sobrados, el voto es a $40 mil, o a $30 mil. Si la elección está reñida, el voto se encarece; si la elección es tranquila el voto es barato”.

Pero esos últimos no trabajan solo en el proceso electoral, sino que se mantienen en el tiempo mientras preparan las próximas contiendas y suelen tener contratos de Órdenes de Prestación de Servicios, OPS.
“A una persona no calificada, que es muy difícil hacerle un contrato de prestación de servicios porque no tiene ni el bachillerato, lo que hago es una Orden de Prestación de Servicios por un valor que no tengo que meter en términos de referencia”.

Todo esto, evidentemente, no se ve en los reportes de gastos e ingresos de las campañas políticas.

Para recuperar inversión

En los municipios pequeños suele ser normal que, por ejemplo, un gerente de campaña se pague con una promesa, es decir, el candidato le dice que sea su gerente de campaña y si gana él será el próximo secretario de Salud, para poner un ejemplo. Lo mismo pasa en las grandes ciudades y a nivel nacional, pero en especial eso es lo que pasa con las grandes empresas y las licitaciones.

Se dice que siempre ha pasado en el país, pero se empezaron a ver empresas extranjeras tras el escándalo del Proceso 8000, así como se dice que todos saben que es normal que se den las reuniones entre empresas y candidatos, eso sí, qué tan directa o indirecta sea la propuesta, depende de las partes.

“El candidato se sienta con el empresario y dice: ‘Es importante el tema de la infraestructura, el país está dispuesto, está abierto a desarrollarse’. En algunos casos se da en unos términos mucho más explícitos. Nosotros, como estrategas, siempre recomendamos que esas conversaciones se den de la primera forma”, sostiene.

A partir de ahí se dan las negociaciones, lo que se aporta sobre la mesa y se registra en el Consejo Nacional Electoral y lo que se da por debajo de la mesa en efectivo o por medio de bienes y servicios y entran a jugar las licitaciones.

“Una campaña para alcalde puede estar costando cinco mil millones de pesos y el alcalde no lo recupera con su salario, ¿de dónde recupera la plata?: la contratación estatal”, dice el profesor Matallana.

Pero el tema se vuelve más complejo y parece dejar sin herramientas a las entidades de control. Sucede que, por ejemplo, funcionarios de esas entidades encuentran características extrañas en las licitaciones, como una especificación que de manera evidente beneficia solo a uno de los oferentes.

Ahí pueden decir que hay algo raro, pero no encuentran la manera de vincular eso con el candidato ya elegido y la corrupción.

Eso, dice el estratega consultado, debe hacerse con cuidado y requiere de cierta experiencia de “algunas campañas encima”, porque evidentemente hay cosas que se dicen, pero no se pueden contar.

No se debe reportar nada

A todo esto se suma que los candidatos reportan cuentas desde que se inscriben como tal, pero es evidente que desde antes empiezan a gestionar su candidatura, pero eso no implica un delito, según la ley, porque no hay reglamentación para los precandidatos.

Por ello, la reunión en Brasil que sostuvo el excandidato Óscar Iván Zuluaga con Duda Mendoca no representa nada irregular.

Al respecto, la directora de la MOE indica que “claramente hay un vacío, porque muy seguramente los que hoy están pensando en ser candidatos presidenciales ni siquiera han empezado el proceso de inscripción, pero lo que sí estoy segura es que ya empezaron a buscar los mecanismo para financiar su futura campaña”.

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