Colombia

“Corte actúa en defensa de la Constitución”: magistrado Luis Guillermo Guerrero

Marzo 26, 2017 - 06:24 p.m. Por:
Alejandra Bonilla | Colprensa
Luis Guillermo Guerrero Corte Constitucional

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero.

Elpais.com.co | Colprensa

El nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, sabe que el mayor reto este año es el estudio de las leyes y los decretos que se expidan para reglamentar el Acuerdo de Paz. Esto ocurrirá en medio del cambio de cinco integrantes de ese tribunal.

Por eso Guerrero volvió a hacer un llamado para la rápida elección de los nuevos magistrados de la Corte. Además, explicó los alcances de la primera decisión sobre un decreto de paz y habló de cómo esta carga de asuntos podría llevar a que la Corte necesite personal de descongestión.

¿Cuáles son los retos que tiene como presidente de la Corte Constitucional?

Hablaría más bien de los retos de la corporación. En 2017 hay una renovación de cinco magistrados y eso implica una transición, un cambio. Y coincide esto con que la Corte tiene que enfrentar todo el desarrollo normativo de la implementación de los Acuerdos de Paz, lo que va a implicar un trabajo intenso y acelerado de la Corte, porque esos decretos, que son un volumen normativo importante, tienen previsto una reducción de tiempos drástica. Hay necesidad de producir las decisiones oportunamente, pero con suficiente deliberación y estudio.

¿Es un escenario sui generis que la Corte tenga tantos magistrados encargados? ¿Se afecta la Corporación?

Distingamos dos temas. Es claramente una situación inusual, no se había dado en el pasado que tres magistrados estén en interinidad, eventualmente un cuarto, pero eso no compromete el funcionamiento. La Corte procede de inmediato a designar un encargo, con magistrados auxiliares de la más amplia trayectoria, conocimiento de la jurisprudencia y capacidad profesional y académica. Desde ese punto de vista no se altera el funcionamiento, pero sí se ha hecho un llamado para que la Corte se integre lo más pronto posible, de acuerdo con las previsiones que la Constitución ha contemplado para el efecto, porque es una situación, digamos, particular, la que se enfrenta en este momento.

Hasta ahora empezó el proceso de selección en la presidencia para dos ternas y la Corte Suprema lleva desde el año pasado sin ponerse de acuerdo para componer otras dos. ¿A qué se debe esta demora?

No entro a calificar cuáles sean las razones internas que han demorado el proceso en la Corte Suprema ni en la Presidencia de la República. Insisto más bien en el llamado que hacemos a que esos procesos se cumplan a la mayor brevedad. Y lo ideal en este caso, del que se sabe de antemano cuándo es el vencimiento de los periodos, es que la transición sea oportuna, que no haya estos baches entre la salida de un magistrado y la llegada del nuevo. En este caso, desde finales del año pasado debería haberse producido el cambio.

¿Debe cambiarse el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional? Se lo pregunto porque, aparte de las demoras, también sucede que se habla de ‘ternas de uno’, y se sabe de antemano quién será el elegido…

El procedimiento diseñado en la Constitución para la integración de la Corte es adecuado, porque permite que participen el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Presidencia, para que elija el Senado. Eso garantiza, es un sistema sano que genera equilibrio. A veces creo que el sistema de abrir convocatorias tiene la virtud de que quien tiene interés, se manifiesta y es susceptible de evaluarse su nombre y eso está bien. Pero no puede desconocerse que la Constitución le atribuye la competencia a la Presidencia, a la Corte, y esos órganos deben mantener la capacidad de definir quiénes sean las personas que llegan a la Corte.

“La diferencia entre una decisión puramente política, que adopta el Congreso, y las de la Corte con implicaciones políticas, es que las toma a la luz de la Constitución”.
 Luis Guillermo Guerrero,
presidente de la Corte Constitucional.

Terminaron periodo dos magistrados considerados como del ala más liberal, ¿deben llegar igualmente magistrados liberales?, ¿cómo se puede mantener un espectro amplio de discusión en la Corte?

El diseño constitucional se orienta a mantener en la Corte una diversidad de aproximaciones a la Constitución, lo cual alienta el debate, el intercambio de criterios y la búsqueda de consensos, porque muchas veces la Corte procede mediante consensos en torno a definiciones constitucionales. Ese es un elemento crucial, porque así haya divergencias políticas o distintas concepciones de la Constitución, todos coincidimos en que se trata de hacerla valer. Entonces, las distintas aproximaciones son valiosas y eso debe preservarse. Cada uno de los centros de postulación: la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Presidencia tiene la responsabilidad de postular a personas que tengan distintas visiones de la Constitución y que consideren que le puedan aportar al país. Ahí hay, insisto, una responsabilidad muy grande de estas entidades, buscando la mejor Corte.

Se ‘cayó’ el primer decreto de paz, ¿cuáles son las implicaciones de esta decisión?, ¿qué es lo que debe justificar el Gobierno para el uso de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente?

Es una decisión que la Corte adoptó en un caso concreto, no necesariamente anticipa lo que puede ocurrir en otros casos. Sí es importante que la Corte fijara unos criterios a partir de los cuales se va a realizar el control. En esos criterios la Corte destaca que, en el ámbito del Acto Legislativo 01 de 2016, que prevé un sistema más acelerado de producción normativa, acudir a las facultades extraordinarias tiene que ser una situación absolutamente excepcional, porque está prevista también la posibilidad de hacerlo vía procedimiento abreviado en el Congreso, que si bien es reducido, finalmente es un espacio deliberativo.

Lo que la Corte dijo es que se debe demostrar la estricta necesidad de acudir a esta vía extraordinaria porque la competencia ordinaria debe preservarse en el Congreso.

¿Los nuevos tiempos para fallar la agenda de paz retrasan los procesos normales?

La Corte viene trabajando en paralelo los temas de la implementación del proceso de paz y las competencias ordinarias. Es claro que sí ha exigido un trabajo intenso y redoblar los esfuerzos, porque la exigencia de tiempos es alta y la complejidad de temas también. Sí hay una exigencia especial de trabajo de la Corporación.

Sobre el trabajo de la Corte, más ahora sobre la paz, hay mucho comentario. ¿Sienten presiones?

La principal virtud de los jueces y la del juez constitucional es la independencia y esa es la garantía que podemos darle a la sociedad, de obrar con independencia y al margen de toda consideración ajena al estudio que nos corresponde. Por eso la Corte se ha mantenido al margen de presiones o comentarios. Siempre está la prudencia de los magistrados y de quien debe ejercer la presidencia en comentar temas para no avanzar más allá de lo que pueda implicar un compromiso previo con los temas a fallar.

En esos comentarios se dice que ‘si la Corte tumba algo de la paz es porque está en contra del proceso’. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía las decisiones que toman?

Es difícil desde el punto de vista de percepción, entre otras cosas porque la Corte está en el núcleo de un proceso que es político en sí mismo, no partidista, pero sí de desarrollo normativo, y es difícil a veces disociar una decisión de la Corte que tiene implicaciones políticas de esa percepción ciudadana. Pero sí cabría llevar el mensaje que la Corte actúa en defensa de la Constitución y que el fundamento de las decisiones es la argumentación constitucional, allí reside su credibilidad.

¿Se está usando la consulta previa para, vía tutela, frenar cualquier asunto?

Si la consulta, en lugar de buscar establecer la manera como un determinado proyecto afecta a las comunidades indígenas o étnicas, busca obtener ventajas, pues ahí hay un riesgo y eso es lo que los jueces deben impedir. Es decir, ser muy estrictos en la aplicación de la consulta, de tal manera que haya firmeza en la garantía del derecho y en evitar esas desviaciones.

A nivel personal, ¿qué representa para usted presidir la Corte Constitucional en este momento?

Para una persona como yo, abogado, es un honor en primer lugar llegar a la Corte Constitucional. Es ya una cosa extraordinaria tener la capacidad de servirle al país como magistrado. Y, por supuesto, la condición de presidente es un honor y una responsabilidad muy grande. Es un llamado a redoblar esfuerzos para aportar lo mejor al servicio del país.

¿Esta es su última etapa profesional o está de acuerdo en que los magistrados puedan litigar después de que salgan de las Cortes?


Sí creo que la etapa de la Corte debe ser cerca de la culminación del trabajo de los magistrados y que esa circunstancia evite eventuales conflicto luego. Soy de esa idea. El problema está cuando a veces los magistrados entran muy jóvenes y, al retirarse, pues tienen que seguir en lo que saben hacer. Pero en mi caso, digamos que por las circunstancias de tiempo...

Pero usted no está viejo…

No viejo, pero por lo menos con un nivel que permite decir: ‘no necesito salir a buscar otras cosas’.

Hay un cuestionamiento del sector minero por las decisiones que la Corte ha tomado, porque supuestamente está frenando el avance del sector. ¿Cómo responde a esas críticas?

La Constitución es ecológica, pero también fomenta el desarrollo de la libre empresa. Por esa vía es consciente del valor que tienen los recursos mineros y energéticos; creo que en eso se impone un equilibrio. La Corte ha tratado de proteger el elemento ambiental y la consulta previa, pero creo que es necesario armonizar esa protección con los requerimientos del desarrollo social, que encuentran en los recursos mineros y en las regalías su fuente de financiación. Creo que la Corte debe buscar ese equilibrio. Parte del problema surge cuando los instrumentos previstos para la protección de los derechos se instrumentalizan en función de intereses distintos y se deforma el sentido de la consulta. Entonces, la Corte debe preservar esos instrumentos como lo que son mecanismos de protección de derechos fundamentales; en esa función la Corte debe ser firme, así haya impactos económicos.

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