Colombia

El general (r) Óscar Naranjo habla de los retos y desafíos que asumirá como vicepresidente

Marzo 19, 2017 - 06:59 p.m. Por:
Agencia Colprensa 
General Naranjo: el  cerebro de la Policía

General Óscar Naranjo Trujillo, director de la Policía Nacional.

Foto: Archivo de El País

Óscar Naranjo debe ser el colombiano que mejor representa la institucionalidad. Con una imagen intacta de gran oficial de la Policía (el mejor del mundo, en su momento) y seguro de tener el afecto y el respecto de casi todos sus compatriotas, para muchos es el indicado para enarbolar la bandera de la defensa de las entidades y de los procesos constitucionales.

Esta semana, el general retirado de la Policía llegará al Gobierno, cuando el Senado de la República acepte la renuncia de Germán Vargas Lleras y el Congreso en pleno lo elija como nuevo vicepresidente, según la petición hecha por el primer mandatario, Juan Manuel Santos.

Naranjo sabe que llega en un momento político muy convulsionado, por lo que es claro en su primer mensaje al país: “En momentos de confusión, de turbulencia política, el único remedio posible es apoyarse en la institucionalidad, asegurar la independencia de poderes, respetar las decisiones de las autoridades (por duras que sean), sin incurrir en linchamientos públicos o radicalismos, que al final terminan destruyendo la propia institucionalidad”.

Sobre esa decisión y sobre sus tareas en la Vicepresidencia, habló en entrevista con Colprensa.

¿Cuáles serán sus tareas como nuevo Vicepresidente de la República?

Mientras doy esta entrevista soy un ciudadano común y corriente, respetuoso de que se cumplan los procedimientos para que el Congreso acepte la renuncia del Vicepresidente actual y acoja mi nombre como su reemplazo, como lo ha sugerido el Presidente.

Pero debo decir que para esta nueva etapa el Presidente de la República ha señalado cuatro grandes líneas de acción desde la Vicepresidencia, para que yo asuma esas responsabilidades: la implementación de los acuerdos de paz; que la Vicepresidencia contribuya de manera decisiva en temas de seguridad ciudadana; que, como vocero de la política antidrogas, trabaje especialmente en la sustitución de cultivos, con las instituciones responsables, y asumir la responsabilidad de proteger a los líderes de Derechos humanos y líderes sociales.

¿Usted cree, como el Ministro de Defensa, que en los asesinatos de esos líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, no se puede hablar de algo sistematico?

Creo que hay que superar ese debate sobre las etiquetas, de quiénes son los victimarios y cuáles eran las circunstancias y condiciones en que murieron las víctimas. Lo que vale la pena es ir más allá, para que en conjunto el Gobierno, la Fuerza Pública, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las administraciones locales generemos acciones preventivas y protectoras sobre los líderes sociales.

Creo que ha habido grandes avances, pero más allá de las etiquetas tenemos que poner en marcha mecanismos eficaces de orden preventivo, en el entendido de que estamos ante un fenómeno multicausal, porque no todas las muertes tienen el mismo origen.

Se va a encargar de la seguridad ciudadana en un momento en que la gente ha perdido la fe en la Policía y en la Justicia. ¿Qué hacer para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones?

Más allá de si estamos ante un problema de percepción o de realidad, los colombianos se están sintiendo inseguros y a eso hay que responder con líneas de acción muy básicas. Primero, es un elemento crítico acercar las autoridades a los ciudadanos, es decir, recuperar la confianza en las instituciones, en la Policía, en la Justicia y, en general, en la Administración Pública.

¿Cómo hacerlo? Abriendo la participación para que la ciudadanía organizada, a través de instrumentos institucionales, como consejos de seguridad abiertos, realmente sea un insumo válido para la toma de decisiones eficaces. También tenemos que hacer mucho énfasis en unos instrumentos muy poderosos de prevención que durante años estuvieron olvidados, como consecuencia del conflicto que estábamos viviendo con las guerrillas y con los grandes carteles del narcotráfico; me refiero al Código de Convivencia o de Policía, que debe ser un generador de condiciones mínimas de seguridad.

¿Los coletazos contra la seguridad de la gente, una vez superado el conflicto con las guerrillas, pueden ser en Colombia más duros que los que vivieron países de Centroamérica en circunstancias similares?

No. Llevamos más de tres años, por instrucciones del Presidente y del sector Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional, adecuando una capacidad institucional para copar los espacios que han dejado las Farc y no permitir que esos espacios sean llenados por delincuencias comunes o crimen organizado.

En ese proceso lo cierto es que la capacidad acumulada de la Fuerza Pública colombiana, que para nada se afectó en su composición, en su tamaño, en su naturaleza o en su presupuesto, con la firma del proceso de paz, se pone al servicio de los colombianos, así que, ya sin conflicto con las Farc, uno pensaría que se les puede dar garantías a todos los colombianos en materia de seguridad.

¿Qué opina de la carta de algunos oficiales en retiro que temen verse afectados con la firma de la paz?

Bueno, me atengo a lo contenido en el acuerdo en función de lo pactado. Hay que recordar que las zonas veredales son temporales, tienen el propósito de generar un espacio para la dejación de las armas y el inicio del proceso de reintegración de las guerrillas hacia la población civil; la aplicación de esos acuerdos para nada afectan la vigencia del Estado de Derecho.

Por otro lado, uno esperaría que una vez surtida la dejación de las armas, en esas zonas bajo unas características muy especiales de monitoreo y verificación internacional, queden totalmente superadas las dificultades que ha habido o los supuestos de que allí habrá algún tipo de brote, como se ha mencionado en la carta.

Esas zonas están programadas para existir 180 días, pero vamos por la mitad de ese tiempo y están crudas en su construcción. ¿Es partidario de modificar ese calendario?

No, francamente no. El Gobierno Nacional ha venido trabajando con Naciones Unidas y con las propias Farc para dar garantía de que los problemas o incumplimientos de orden logístico no afecten el cronograma de dejación de las armas. Las Farc han expresado de manera categórica que tienen la decisión de hacer dejación de las armas y de comenzar el camino de reintegración.

¿Entre sus tareas estará definir nuevas tareas para las Fuerzas Militares?

Como dije antes, lo que haría en esa tarea de contribuir a la seguridad ciudadana será apoyarme en planes que conozco de primera mano, como el ‘Plan Victoria de las Fuerzas Militares’ y el ‘Plan Comunidades Seguras y en Paz’, que ha puesto en marcha la Policía para atender las nuevas situaciones posacuerdo.

Tengo la certeza de que esos planes obedecen a estudios serios, que se corresponden con las necesidades de las regiones y que el mando militar y policial tiene una determinación total y plena de que en este momento el control territorial integral y permanente hace parte del esfuerzo principal de la Fuerza Pública.

¿Cuando dejó el traje de policía y se puso el de civil, pensó en ocupar el cargo de Vicepresidente?

No, el país me conoce como un servidor público muy institucional, no hice política, no haré política, no espero convertirme en político electoral. Lo que desearía es que en este año y medio, para el que el Presidente me ha señalado esta responsabilidad, yo pueda poner mi humilde capacidad para ayudar a cerrar este conflicto de más de 52 años, aclimatar la convivencia entre nosotros, dejar atrás la violencia y superar muchos odios que todavía existen.

¿No se siente cuota política de algún partido en el Gobierno, como de La U, con cuyos congresistas se reunió el martes pasado?

No, me siento una persona que acompaña una agenda liderada por el presidente Santos y que es una expresión de una coalición de partidos, que lo llevó a él a la Primera Magistratura. En ese sentido, me siento parte de esa coalición, de una manera de pensar en Colombia que tiene como fundamentos un país en paz, en equidad y con educación.

¿Piensa hacer modificaciones al programa de lucha contra los cultivos ilícitos para bajar las hectáreas sembradas con hoja de coca?

Es cierto que tenemos que enfrentar un desafío enorme en la lucha contra los cultivos ilícitos, pero por primera vez el Gobierno puso en marcha un plan estructural tremendamente eficaz, si lo cumplimos a cabalidad.

Ese plan combina una política de sustitución de cultivos, en la que el ministro Rafael Pardo ha avanzado de manera sin precedentes, al haber comprometido a cerca de 70 mil familias que hoy están dispuestas a cambiar manualmente cerca de 50 mil hectáreas de hoja de coca. Adicionalmente, el Gobierno sostiene la política de erradicación forzosa manual... El Gobierno ha dicho que intensificará, como lo ha hecho en los últimos meses, las áreas de interdicción contra los precursores químicos y los propios laboratorios. Ahí hay una estrategia a la que hay que darle oportunidad para que empiece a mostrar resultados.

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