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Embajador en Venezuela fue llamado para oírlo y tomar decisiones: canciller Holguín

El embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, regresará este viernes a Colombia a petición de la Cancillería para analizar la situación del país vecino tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones del Parlamento. Lea también: Varios países critican a Nicolás Maduro, acusado de dar "golpe" en Venezuela

"Lo estoy llamando para que me informe (sobre la crisis en Venezuela) para tener mayor información y de lo que nos informe ahí tomaremos una decisión. Quiero oírlo", precisó la canciller María Ángela Holguín.

Además, agregó que quiere ser "prudente" a la hora de tomar determinaciones diplomáticas sobre la situación venezolana por lo que es importante conocer el testimonio de Ricardo Lozano.

Si bien este no esta decisión no es la figura conocida como un llamado a consultas, ni el retiro del diplomático, sí se trata de una determinación que se da para tras escuchar el testimonio del embajador, poder tomar decisiones al respecto desde Colombia.

Holguín precisó que Colombia y Venezuela son países comparten muchos temas y una frontera y no puede no tener el embajador cuando algo suceda.

Sobre la decisión del Tribunal supremo de Justicia venezolano, indicó que es algo que "nunca había pasado".

"Sigo convencida de que la única salida es que se pongan de acuerdo oposición y gobierno para tener un país viable. No veo otra herramienta", añadió.

El gobierno colombiano había rechazado el jueves el fallo del TSJ, señalando su "profunda preocupación" . "El gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el Estado de Derecho" , señala el comunicado.

Una semana antes de la reunión de la OEA, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como "traición a la patria" , delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

La última sentencia del TSJ también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.


Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público "sin la aprobación de la Asamblea" , pero al declarar "omisión legislativa" , la corte indicó que no existe "impedimento" .



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