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En el país no hay control sobre el uso del mercurio y el asbesto: Contraloría

En el país no hay control sobre el uso del mercurio y el asbesto: Contraloría

Un estudio de la Contraloría General de la República concluyó este viernes que el país no cuenta con una política articulada para el control y el uso del mercurio y el asbesto.

De acuerdo con el ente de control hubo 24 hallazgos administrativos de los cuales 6 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 presunta incidencia penal.

Con relación al cumplimiento del Plan Único Nacional de Mercurio se reveló que no se ha establecido quiénes son los responsables, ni los tiempos de consecución de las metas establecidas, y tampoco cuenta con una estrategia de articulación para el desarrollo de las actividades.

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“Las entidades han venido asumiendo y haciendo lo que consideran deben hacer, según sus competencias, situación que afecta el desarrollo de todo el plan y termina afectando el objetivo final de la Ley 1658 de 2013 que es «proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente» frente a los riesgos del mercurio en el territorio nacional”, explicó el informe.

Para la Contraloría, la ausencia de direccionamiento genera falta de articulación y armonización de las distintas entidades para alcanzar la meta del Plan Único de Mercurio que es reducir y eliminar progresivamente su uso en todo el territorio nacional.

El organismo encontró además que uno de los mayores problemas, en cuanto al control del uso del mercurio, es que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de las zonas de minería no hacen ningún monitoreo de emisiones del químico, ni tienen identificadas las zonas que se encuentran afectadas por la presencia de este mineral.

“Por ejemplo dichas corporaciones, que debían implementar el Registro Único de Usuarios de Mercurio (RUM) desde el 2016, reflejaron porcentajes de inscripción muy bajos: Corantioquia 1.82%, Corponariño 11.86%, Corpourabá 0% y Codechocó 29%”, señaló el organismo.

Control de asbesto

La Contraloría afirmó que en Colombia existe solo una mina legal de asbesto y está ubicada en el municipio de Campamento (Antioquia) de la cual se extraen, en promedio, 2400 toneladas al año, con reservas probadas de 94.920 toneladas y reservas posibles de 801.500 toneladas dentro del título minero a cargo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

En ese sentido, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente realizó una visita de campo a la mina Las Brisas de Colombia, en la que evidenció que existe un manejo técnico irregular del asbesto, tanto en lo minero, como en lo ambiental. Se evidenció inadecuado perfilamiento y mantenimiento de taludes en los botaderos de desechos y colas, cunetas inexistentes, no hay manejo de aguas de escorrentía, sin sedimentadores o trampas de arenas”, citó el ente de control.

Otro de los llamados del ente de control señala que en este caso se presenta incumplimiento de las medidas impuestas por Corantioquia, así como de los requerimientos realizados por dicha autoridad en sus seguimientos, lo que puede generar la formación de un pasivo ambiental, adicional al ya existente, más aún ante la perspectiva de un cese de las actividades por parte del titular del proyecto.

El estudio realizado aseveró que el proyecto no contaba con instrumento de control ambiental, salvo los permisivos (concesión, vertimientos y emisiones), hasta la imposición de medidas de manejo en febrero del año 2016. Además, se verificó en la visita realizada por la Contraloría, que la mina no está en explotación y existen afectaciones ambientales que la corporación ha identificado. A pesar de esto, no existe un plan de cierre y abandono formalizado y las medidas impuestas por Corantioquia se dieron para recuperación de pasivos generados con anterioridad.

Los actos administrativos proferidos por Corantioquia muestran que cursa un proceso sancionatorio desde el 23 de marzo de 2017, por presuntas afectaciones ambientales al recurso agua ocasionada por la falta de cobertura vegetal en la franja de retiro, debido a la disposición inadecuada de material estéril en el depósito El Guaje.

Finalmente, la Contraloría encontró que no existe proceso sancionatorio por los demás incumplimientos observados por la corporación respecto de las medidas de manejo ambiental impuestas desde el 12 de febrero de 2016.

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