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"Farc y Estado deben reconocer violaciones a los derechos humanos": ONU

Tanto el Estado como las Farc deben reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el conflicto a fin de generar procesos efectivos de reparación, en consenso con las víctimas.

Esta es la principal recomendación que dio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la presentación del informe anual sobre la situación del país en esta materia.

El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Todd Howland, señaló que es menester que el Estado y las Farc garanticen la no repetición priorizando un enfoque de género, los derechos de los niños, especialmente en la desvinculación de menores de la guerrilla, la participación de las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y luchar contra la impunidad de los casos de la violencia sexual, entre otros.

Se resaltó, en ese sentido, que debe haber límites y regulaciones en el otorgamiento de amnistías, indultos y medidas especiales y que se deben redoblar los esfuerzos para poner fin al desplazamiento forzado.

Basta a muertes de defensores

"Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad, incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores", dijo el representante en Colombia de esa Oficina, Todd Howland.

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Estos casos se presentaron principalmente en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y los perpetradores serían principalmente actores criminales vinculados con casos colectivos o individuales, el ELN, el EPL, milicianos y disidentes de las Farc, particulares; y la policía en un caso de una protesta social.

A esto se suma que "es notable el aumento en asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la oficina registró 25 víctimas. Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las Farc, la débil presencia del Estado y la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales".

De acuerdo con Howland, el gobierno debe "reconocer que estos asesinatos son un problema" y por eso se debe trabajar en alianzas para mejorar su situación.

"Recomienda que el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía, la Unidad Nacional de Protección, las autoridades regionales y locales cumplan con los compromisos políticos y técnicos acordados con defensores de derechos humanos que persiste en algunos sectores", dice el informe que además resalta que hay casos de defensores de derechos humanos con órdenes de captura que terminan en detenciones prolongadas, esto a pesar de la falta de pruebas, en lo que afecta la diligencia de las investigaciones.

La implementación acuerdo 

Howland señaló que el acuerdo de paz es una gran oportunidad para el país para mejorar la situación generalizada de los derechos humanos ya que hay un compromiso para su respeto y garantía, porque incorpora un enfoque de género y busca atacar la desigualdad histórica de la población Lgbti.

Igualmente, destacó que el Acuerdo tenga medidas de seguridad para prevenir la violencia criminal contra los integrantes de las Farc en su proceso de reincorporación, entre otros.

No obstante, señaló que se debe hacer un seguimiento a la implementación de todos estos componentes como el sistema integral de justicia transicional dado la gran cantidad de casos que tratará. En ese sentido, pidió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el Congreso que presenten los informes a la Jurisdicción Especial de Paz de manera exhaustiva para que la JEP pueda actuar rápidamente.

"La Oficina reitera la necesidad de proteger archivos enteros relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos en el pasado. Aunque el Acuerdo de Paz omite referencia a la necesidad de que las Farc aporten sus archivos, estos deberían ser incluidos y considerados de la misma manera que aquellos del Estado", resalta el informe.

Igualmente, se indicó que la participación política es un principio del Acuerdo y que no debe reducirse a una mera formalidad y que se deben empoderar a los líderes comunitarios para lograr una inclusión política adecuada en todo el territorio nacional.

Howland enfatizó en que el Acuerdo de Paz tiene una enorme tarea en materia de contratación de persona en todo el país y llamó para que se incluyan en esos procesos a personad de los propios territorios.

Entre los 'peros' que señala las Naciones Unidas está el que "aún no se han propuesto disposiciones para regular la depuración de funcionarios públicos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos" y que todavía hay demoras en las construcciones en las Zonas Veredales.

"La implementación del Acuerdo requiere una inversión significativa de recursos. La inversión debe planearse y hacerse con un enfoque de derechos y buscar resultados sostenibles para las comunidades", agrega el documento.

Temas para hacer seguimiento

  • La Ley de amnistía: la Oficina del Alto Comisionado lamentó que no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional.
  • La intervención de las Fuerzas Militares en tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social hasta la lucha del crimen organizado.
  • Las propuestas de autoridades locales en algunas partes del país de crear vicealcaldías de seguridad.
  • En 2016 hubo seis casos de privación arbitraria de la vida por parte del Ejército Nacional y la Policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Solo uno de los 14 generales del Ejército ha sido llamado a juicio por casos de falsos positivos del pasado.
  • En 2016 hubo 47 emergencias en razón de nuevos desplazamientos forzados masivos, confinamientos y restricciones de movilidad en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, afectando principalmente a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y a un total de 13.864 personas.
  • El ELN sigue reclutando menores, dice el informe en donde se alienta al Gobierno y a esa guerrilla avanzar en una solución negociada al conflicto armado.
Responde el Gobierno

Como respuesta, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rescató que este informe tiene una diferencia radical con los que se han entregado en años anteriores y evidencia una disminución efectiva de la violencia en el país.

"El impacto positivo del Acuerdo con las Farc en los territorios no se nos puede olvidar. Hay razones de optimismo, esperanza y los desafíos para consolidar la paz territorial", dijo Cristo.

Frente a la situación de los defensores de derechos humanos, Cristo reconoció que en Cauca, bajo cauco Arnioqueño, Chocó, El Catatumbo y el pacífico nariñense se están concentrado esos casos de amenazas a líderes.

"Y coinciden esos lugares con zonas en donde se presentaba ocupación, presencia y dominio de las Farc, con zonas en donde hoy hay cultivos ilícitos y minería ilegal. Ahí vemos homicidios y amenazas", dijo.
Cristo agregó que se trata principalmente de 'El Clan del Golfo', que tiene interés en amedrentar a la población para hacerse de esas economías ilegales.

"Aquí tenemos un problema", reconoció Cristo. "El aumento de los cultivos ilícitos y los asesinatos de líderes y en esos dos frentes estamos trabajando", agregó al indicar que no van a entrar en una discusión sobre si están o no ocurriendo los casos, sino en cómo se va a enfrentar esta realidad.

Por otro lado, Cristo dijo que ninguno de los líderes asesinados el año pasado había pedido protección al Estado.

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