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"Ley sobre pequeños cultivadores de coca no pretende perpetuar el delito": Minjusticia

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, explica los pormenores de dos proyectos de ley que fueron presentados por el Gobierno en el Congreso: el de sometimiento a la justicia para grupos armados y el proyecto sobre pequeños cultivadores de cultivos ilícitos.

Gil Botero afirma que el sometimiento de grupos ilegales a través de un nuevo mecanismo no implicará impunidad alguna y detalla por qué se buscan soluciones para los pequeños cultivadores de plantaciones ilegales en el país.

Ministro, ¿cuál es la intención del Gobierno con el proyecto de sometimiento de bandas criminales?

Queremos garantizar que la sociedad vea una justicia activa que está haciendo responder a Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados por los hechos criminales que han cometido. Buscamos adecuar los procedimientos de investigación y judicialización frente a los delitos cometidos en la medida en que en algunos eventos las normas actuales del procedimiento penal resultan insuficientes.

¿Qué son Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados?

Los Grupos Armados Organizados (GAO) están bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte del territorio un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concentradas, usan la violencia armada contra la Fuerza Pública, instituciones, la población civil, entre otros; y su nivel de violencia supera los disturbios y tensiones internas. Los Grupos Delictivos Organizados (GDO) se entienden como grupos de tres o más personas que actúan sobre cierto tiempo con el propósito de cometer uno o más delitos.

"Los grupos armados deben dar información que permita la identificación de las víctimas de los delitos que serán reconocidos colectivamente, además de relacionar los bienes que serán entregados"

¿Qué requisitos deben cumplir los integrantes de estos grupos para someterse a la justicia?

Los requisitos van desde una manifestación expresa, libre, voluntaria y debidamente informada de sujetarse a la justicia hasta individualizar a todos los miembros que se van a someter a la justicia.

Además, deben precisar las conductas delictivas que serán reconocidas colectiva o individualmente, en especial lo relacionado con actos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, etc. También tendrán que relacionar información de los testaferros, de no hacerlo quedarán excluidos de los beneficios dispuestos en el proyecto.

¿Qué pasa si en el acta de sujeción colectiva o en la individual no se detallan los delitos cometidos por el grupo?

Si no detallan los delitos cometidos cada grupo tendrá un mes para poderlo subsanar en el acta de sujeción. En el evento en que no se subsane y se hallen nuevos delitos que no incluyeron en el acta, estos serán investigados de manera individual y por fuera del marco de aplicación de esta ley. Es decir, no tendrán los beneficios consagrados en este proyecto de ley.

¿Por qué se acordó una rebaja de pena primero del 40 % y luego del 50 %?

El proyecto de ley establece una rebaja del 50 %, cifra que obedece a la necesidad de establecer un descuento simétrico con la legislación contemplada actualmente frente al allanamiento a cargos en la etapa de indagación e investigación, la cual está consagrada en un descuento de hasta el 50 %.

¿Qué pasa si uno de esos grupos delictivos dice no tener bienes que entregar y la Fiscalía los encuentra después?

En el evento en que esto suceda, simplemente los bienes serán sujetos de extinción de dominio y no se obtendrán los beneficios establecidos en este proyecto de ley.

¿Cómo será el tratamiento de los menores que abandonen estos grupos?

Nuestra legislación es protectora de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ello, serán entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.

Le cambio de tema para preguntarle en qué consiste el otro proyecto de ley relacionado con pequeños cultivadores de matas ilegales.

El proyecto de ley, en el marco del punto 4 del acuerdo de paz, reconoce la renuncia especial a la acción penal y extinción de la sanción penal para los pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas que dentro del año contado, a partir de la entrada en vigencia de la ley, decidan renunciar a la actividad de cultivos ilícitos y se acojan al programa de sustitución.

Con este proyecto se crean herramientas que ofrecen alternativas dirigidas a reducir la judicialización, limitar el uso del encarcelamiento, como retribución penal, y disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad de los procesados o condenados por el delito de conservación o financiación de plantaciones ilícitas.

¿Hasta cuántas hectáreas de cultivos se podrán tener sin que haya cárcel?

Le respondo en metros cuadrados: de coca hasta 38.000 mt2 (3.8 hectáreas), ‘cannabis’ hasta 84 mt2 (0.0084 hectáreas) y amapola hasta 3840 mt2 (0.38 hectáreas). Sin embargo, este tema será objeto de discusión conforme a criterios empíricos y técnicos que fijen o determinen el área que corresponda a un pequeño cultivador.

Algunos sectores podrían decir que mantener estos mínimos de cultivos sería propiciar el delito y el consumo, ¿es así?

El proyecto de ley no quiere perpetuar las áreas de cultivos ilícitos, por el contrario, está pensado para nuestros campesinos que no han tenido otra opción de sustento que el cultivo de ilícito.

Ministro, ¿por qué el Gobierno encontró necesario dar un tratamiento alternativo a los pequeños cultivadores?


El fenómeno de los cultivos ilícitos reviste tal grado de complejidad que la aplicación de una sola medida o estrategia no ha logrado traducirse en su reducción sostenida.

La apuesta actual es tener una visión integral, objetiva y estratégica construida con aportes de todos los actores para afrontarlo.

Se habla de que este proyecto generaría una excarcelación masiva...

Los condenados y judicializados por el delito de cultivo, conforme las cifras del Inpec a septiembre, ascienden a 267 personas. Esto se traduce en un impacto mínimo sobre el total de internos por ese
delito.

El foco del problema son las 100.000 familias (400.000 personas) que se encuentran involucradas en la siembra, según el último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, y que por las condiciones de vulnerabilidad exacerbarían aún más sus rezagos socioeconómicos al encontrarse con medidas penales, ya que el promedio por familia es de cuatro integrantes. La pregunta entonces es: ¿se deben encarcelar 400.000 campesinos, que subsisten en lo más precario por ser pequeños cultivadores?

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