Colombia

¿Podrán investigar la campaña 2010 del presidente Santos?

Marzo 17, 2017 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa 
Juan Manuel santos

Juan Manuel santos, presidente de la República.

Colprensa

Durante los próximos días los ojos del país estarán puestos en el magistrado Armando Novoa, quien deberá definir si se puede o no abrir investigación al presidente Juan Manuel Santos por las anomalías que se habrían registrado en la campaña que lo llevó a ese cargo en el 2010.

Así lo decidió este jueves el Consejo Nacional Electoral, CNE, luego de conocerse las declaraciones de Roberto Prieto respecto a la financiación de afiches por un valor de 400.000 dólares, supuestamente provenientes de la firma brasileña Odebrecht.

La determinación del CNE generó sorpresa, debido a que en primera instancia se había indicado que, de acuerdo con lo estipulado por la ley, el tiempo estipulado para realizar cualquier investigación sobre la primera campaña presidencial de Santos ya había caducado.

Sin embargo, ante la solicitud del propio Mandatario para que se determine si se puede o no levantar la caducidad para revisar el caso, el Consejo Nacional Electoral optó por designar por sorteo a uno de sus magistrados para que elabore una ponencia sobre el tema, que luego deberá ser examinada y avalada o rechazada por todos los integrantes del ente.

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“Ojalá se pueda hacer, para que haya total claridad y trasparencia en el país en la campaña de 2010 y sobre todo para que se establezcan con claridad las responsabilidad individuales en estos casos”, señaló a su vez el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en nombre del Presidente de la República.

¿Sí aplica?

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez al momento de analizar la situación hay que tener en cuenta la diferencia entre prescripción y caducidad.

“La prescripción es un derecho que se otorga a la persona para que dentro de cierto tiempo sea investigada y, como es un derecho, la persona puede renunciar. Pero existe la duda de si realmente es una prescripción o es parte de una figura que se llama caducidad, que sí impediría hacer cualquier investigación, porque la caducidad es un tema que permite una relación, una gestión, un poder desde el punto de vista procesal”, explicó.

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A su vez, el propio magistrado Novoa ha dicho que, en su concepto, que el tiempo límite de investigación podría contarse a partir del momento en que se conocen los actos irregulares.

“La caducidad es una figura que tiene como propósito evitar que queden en suspenso la capacidad investigativa del Estado contra algún sujeto disciplinable y, en ese orden de ideas, hay un término de tres años para investigar las conductas eventualmente irregulares, pero sería irracional pensar que la caducidad debe contarse a partir del momento en el que se cometió la falta. A mi manera de ver, ese término de tres años debe contarse desde que la Corporación tiene conocimiento de las irregularidades”, aseguró antes de ser escogido para el caso.

Otra cosa considera Luisa Fernanda García López, profesora de derecho constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a partir de lo dispuesto en el Artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo: “No habría posibilidad de sancionar al Presidente”. Agrega que en principio no se configuraría tampoco un delito penal que pueda ser investigado por la Fiscalía, puesto que “realmente no se configura un fraude procesal, pues sería muy difícil demostrar que esa plata no se declaró y no entró a la campaña”.

La docente recordó que en estos casos siempre el que responde es el director de campaña, que es el que hace el control de los dineros que entran a ella, por lo que reiteró que “es muy difícil que se llegue a sancionar al Presidente por este caso”.

Otro punto de vista tiene Ibañez, quien asegura que si es cierto que se incumplió el tope de las campañas y que se recibieron recursos de agentes extranjeros que no fueron registrar en los gastos oficiales sí podría haber espacio para algún delito penal.

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