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Las verdades y mentiras de la cadena de WhatsApp sobre la 'consulta anticorrupción'

Las verdades y mentiras de la cadena de WhatsApp sobre la 'consulta anticorrupción'

A través de una cadena de Whatsapp está circulando un mensaje en que el se dice que en las elecciones del 11 de marzo se podrá reclamar el tarjetón “para la consulta anticorrupción”, que busca rebajar los salarios de los congresistas, lo cual no es del todo cierto.

En el proceso electoral, según la Registraduría Nacional, solo se podrán reclamar los tarjetones para Cámara y Senado. Otro que puede pedir es el de la consulta interpartidista entre Iván Duque (Centro Democrático), Marta Lucía Ramírez (por firmas) o Alejando Ordóñez (por firmas); o la de Gustavo Petro y Carlos Caicedo, ambos por firmas.

“¿Recuerdan lo de las 10 millones de firmas para rebajar los sueldos de congresistas? Esas firmas fueron aprobadas y fue aprobada también la consulta. Ahora nos corresponde a nosotros votar este 11 de marzo para que se haga efectiva y llegue al Congreso”, se lee en la cadena.

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Es necesario recordar que en el país sí se recogieron las firmas contra la corrupción, pero fueron cuatro millones, y también es cierto que busca reducir el salario de los congresitas y eliminar una serie privilegios cuando los políticos cometen delitos y obligar a los funcionarios públicos a que hagan pública su declaración de renta.

Estas fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hace dos semanas, luego de un derecho de petición radicado por el partido Alianza Verde, que lideró la iniciativa, y de varios ciudadanos, quienes le pedían al CNE que certificara el estado financiero de dicha consulta.

“El Fondo Nacional de Financiación Política presentó informe del proceso de revisión y certificación de los estados contables allegados por parte del comité promotor de la consulta popular de origen ciudadano ‘Anticorrupción’”, dijo el CNE a través de un comunicado.

A su turno, la representante a la Cámara Angélica Lozano destacó que esta iniciativa busca “acabar con la mermelada y ponerle un tatequieto a los bandidos”.

Ahora bien, hay que aclarar que este proceso no se hará en las elecciones legislativas, sino que tiene que recorrer un camino distinto. De acuerdo con Lozano, el Senado, en marzo, será el encargado de decidir si “permite que los colombianos decidan en las urnas lo que el Congreso ha negado reiteradamente”.

Tras la hipotética aprobación, se definirán las fechas y costos de la consulta, labor que deberá organizar la Registraduría Nacional, como organismo electoral.

El Senado será el encargado de aprobar la conveniencia de la consulta y por lo menos 11 millones de colombianos estarían habilitados para votar. Para que se apruebe el objetivo de la consulta, la mitad más uno de los electores (unos seis millones) deberán votar por la respuesta afirmativa que se estime en el tarjetón y, de esta manera, sería de obligatorio cumplimiento para el Congreso y la Presidencia.

En caso de aprobarse, el Congreso tendrá un año para tramitar las normas ordenadas y, en caso de que no se haga, la Presidencia podría expedirlas vía decretos.

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