Medio Ambiente

Vigilan con lupa 60 licencias ambientales en el Valle

Agosto 25, 2017 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País 
La directora de la Anla, Claudia Victoria González Hernández.

La directora de la Anla, Claudia Victoria González Hernández.

Foto: Archivo de El País

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, es la entidad encargada de otorgar las licencias para grandes proyectos en la parte de infraestructura, hidrocarburos, minería, energía y uso de agroquímicos, entre otros.

La directora de la entidad, Claudia Victoria González Hernández, habló sobre los procesos que se vigilan en el Valle del Cauca y exteriorizó su preocupación por la minería ilícita que se desarrolla en el país y en la región.

La funcionaria dice que en muchos casos la minería ilegal tiene la complacencia de la comunidad.

¿A cuántas licencias hace seguimiento la Anla en el Valle?

Hacemos seguimiento a 60 licencias ambientales en los diferentes sectores en los que se ocupa la autoridad, que son infraestructura, agroquímicos, hidrocarburos, minería y energía. Hay que tener en cuenta que nos referimos a megaproyectos, toda vez que existen otro tipo de obras y actividades que están bajo la órbita de la autoridad ambiental regional.

¿Cuáles son los sectores más representativos?

Infraestructura y agroquímicos. El Valle es un departamento clave en el tema de infraestructura debido a su cercanía con el puerto de Buenaventura. En cuanto a agroquímicos, es el sector con más solicitudes de licenciamiento que tiene la entidad. Por eso la Anla tuvo que hacer una reorganización de sus grupos de trabajo para atender la demanda de los sectores de agroquímicos e hidrocarburos que concentran el 83 % de los expedientes activos.

¿Cuáles han sido los corredores viales licenciados en esta zona?

Hay tres grandes corredores. El primero desde Cali hacia Cartago, otro hacia Santander de Quilichao, que pasa por Popayán para unir el sur del país y el tercero que va hacia Buenaventura, principal puerto comercial del país.

Hacia la zona cafetera la mayoría de las vías están licenciadas, caso similar con el corredor a Buenaventura, estando por iniciar el trámite para el tramo Loboguerreo-Mediacanoa y en trámite de licenciamiento ambiental el corredor entre Santander de Quilichao y Popayán.

Durante el paro cívico de Buenaventura se evidenciaron una serie de problemáticas en el puerto. ¿Qué papel juega la Anla en este caso?

Esta autoridad se comprometió a participar en mesas de trabajo ambientales con la comunidad, con las autoridades regionales y el Ministerio de Ambiente para contribuir en una serie de acciones que mejore las condiciones de la ciudad puerto. Se ha asistido a estas reuniones y se han hecho visitas de campo a las zonas solicitadas por la comunidad.

¿Qué novedades ambientales hay en los puertos de Buenaventura?

Con la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) tenemos un plan de seguimiento riguroso, este es un puerto muy importante pues es el que más carga mueve tanto de importación como de exportación.

¿Pero existen licencias pendientes en este puerto?

El puerto está en un proceso de optimización de su infraestructura. Nosotros estamos permanentemente haciendo el monitoreo, la evaluación y el seguimiento respectivo, de tal forma que las obras y actividades se ajusten a los principios del desarrollo sostenible.

Mencionó el tema de agroquímicos. ¿Qué hay en ese tema en el Valle?

Tenemos 18 proyectos licenciados en plaguicidas en el departamento. Es una cifra importante si se tiene en cuenta que en otros departamentos principales, desde el punto de vista económico, la cifra va desde 22 a 3 licencias. Estos permisos los piden los importadores y productores.

La Anla no solo son licencias, también manejan el tema de lo que denominan posconsumo. ¿En qué consiste este asunto y qué está haciendo en el Valle al respecto?

Buscamos que Colombia entre en la cultura del reuso y de disposición final de los residuos en forma segura. Estamos hablando específicamente de llantas usadas, desechos de bombillos, pilas, computadores, material electrónico, baterías que han cumplido su vida útil, medicamentos vencidos y agroquímicos, y sus envases que ya se han utilizado.

La Anla supervisa los planes de gestión de devolución de productos posconsumo que son convenios firmados con las empresas. Esos planes consideran la regulación y los procedimientos para hacer buen uso y disposición final de los elementos que se desechan.

¿Y qué se está haciendo en el Valle al respecto?

En el Valle del Cauca hay 2262 puntos de recolección y centros de acopio, los cuales están repartidos en las diferentes corrientes posconsumo, estos son reportados por las empresas importadoras ante la Anla y la corporación autónoma regional. Los de más número corresponden a pilas: 1895 puntos de recolección y acopio; medicamentos y fármacos: 150 y baterías usadas de plomo-ácido: 139.

En cuanto a las baterías de plomo-ácido hay un dato importante. Seis empresas importadores y productoras de estos productos han recolectado y aprovechado entre los años 2010 y 2015 un total de 6.194.996 unidades de baterías plomo-ácido.

¿Qué acciones está tomando la entidad frente a la explotación minera ilícita?

El Gobierno en su conjunto ha tratado por todos los medios de combatir las actividades mineras que están por fuera de la ley, dado su impacto ambiental, sobre todo por la degradación de los ecosistemas. Esta es una verdadera tragedia, que en el caso del Valle es muy notoria.

Toda la sociedad debería estar unida contra este tipo de explotación. Lo más grave es que uno a veces tiene la impresión de que una parte de la población es tolerante con la extracción ilícita de minerales, sobre todo de oro.

Hay quejas por permisos existentes en páramos para exploración y explotación minera. ¿Qué control se está haciendo?

Colombia tiene una serie de áreas protegidas como el Sistema de Parques Nacionales Naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de Reserva Forestales, ecosistemas de páramo y humedales, entre otros, que están excluidas de la posibilidad de realizar intervenciones para minería e hidrocarburos. Eso es claro, y en el caso de la Anla, no se otorgan permisos ni trámites para actividades extractivas en estos ecosistemas.

¿Por qué hay tanta controversia por las decisiones de la Anla?

Por la misma naturaleza de la entidad. Fíjese que mientras los empresarios se quejan de la rigurosidad y las exigencias conque actuamos -incluso nos acusan de “más papistas que el papa”-, sectores ambientalistas nos critican y nos señalan de transigentes. Lo cierto es que nuestras decisiones se sustentan en los principios del desarrollo sostenible.

¿Por qué la Contraloría afirma que la Anla no ha hecho seguimiento a obras como la Ruta de El Sol II?

En la Ruta de El Sol II -que tiene más de 500 kilómetros en su conjunto-, hemos hecho 85 requerimientos. Eso se lo explicamos a la Contraloría.

Lo mismo sucede con las competencias que le corresponden a la Anla en el caso de la segunda pista de Eldorado, el Canal del Dique y la Ptar Salitre. Lo cierto es que nosotros hemos fortalecido enormemente los procesos de evaluación y seguimiento. Nos impusimos ese reto y lo estamos cumpliendo.

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