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CPI pone la lupa sobre la cúpula chavista, ¿tendrá algún efecto?

CPI pone la lupa sobre la cúpula chavista, ¿tendrá algún efecto?

Nicolás Maduro está más cerca de terminar como el exvicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba; o como el líder guerrillero de ese país, Thomas Lubanga: en un calabozo de la Corte Penal Internacional en La Haya, cuya Fiscalía anunció que revisará las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela durante la represión a las protestas de abril de 2017.

La decisión de la jurista gambiana Fatou Bensouda no supone el inicio de una investigación contra Maduro ni contra ninguno de los otros altos jerarcas chavistas cuyos nombres han sido denunciados ante el tribunal como responsables de cometer “sistemática y generalizadamente” crímenes como el homicidio, la tortura o la persecución.

Así lo aclaró la propia Fiscal: “Este es un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”.

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En otras palabras, se revisará si los presuntos delitos cometidos durante las protestas encajan en la definición de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el paso es un gesto sin precedentes en el caso venezolano. Desde que en julio de 2002 ese país quedó sometido a la jurisdicción de la Corte, creada para castigar actos de guerra y otras violaciones gravísimas a los Derechos Humanos, ella ha recibido al menos media docena de denuncias por hechos cometidos durante el gobierno del desaparecido Hugo Chávez y de Maduro, pero ninguna de ellas había sido analizada.

La decisión de Bensouda fue saludada por juristas, activistas de Derechos Humanos y la fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien está exilada desde que fue removida de su cargo por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo.

“Desde el punto de vista jurídico es un hecho positivo. Eso es lo que tiene que hacer una Fiscal cuando tiene información de un presunto delito”, dijo el catedrático en Derecho Penal, Fernando Fernández.
En similares términos se pronunció Marino Alvarado, excoordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), para quien este “examen preliminar” revela que “en la Corte hay el convencimiento de que existe una situación preocupante en materia de Derechos Humanos” en el vecino país.


Para él, el ajusticiamiento del expolicía rebelde Óscar Pérez y de parte del grupo que lo acompañaba el pasado 15 de enero, en una casa a las afueras de Caracas, fue la que forzó al organismo internacional a dar este paso: “Fue una descarada ejecución que siguieron casi en vivo en muchos países y el tema de las ejecuciones es central para la Corte”.

Como se sabe, Pérez difundió un primer vídeo en Twitter donde manifestaba su disposición a entregarse a las autoridades que lo tenían rodeado, siempre que un fiscal y los medios de comunicación presenciaran la misma, pero, horas después, en un segundo video, en el cual aparecía con la cara cubierta de sangre, denunciaba que los militares y policías que lo rodeaban le estaban disparando y que querían eliminarle.

De largo aliento

Pese a que calificó de positiva la decisión, Alvarado advirtió que la revisión que hará la Fiscalía de la Corte puede durar meses o años, pues el reglamento no le impone un lapso de tiempo para que indique si considera que hay o no motivos para investigar propiamente la situación venezolana.

“Esto puede durar mucho. Allí está el caso colombiano”, ejemplificó.
Desde 2004, en el despacho dirigido por Bensouda está un expediente relacionado con los crímenes que las guerrillas Farc y ELN y los paramilitares y el Ejército colombiano cometieron durante el conflicto armado. Hasta 2016 dicho expediente se encontraba en la fase tres de este proceso de filtrado, la etapa previa a decidir si se admite a trámite o no. Solo una vez admitida una denuncia se inicia una investigación contra alguna o algunas personas.

Hasta ahora la Corte Penal Internacional no ha conocido ningún caso relacionado con América Latina. Los 22 procesos que ha llevado adelante han sido por hechos ocurridos en África. Además del caso colombiano y ahora el venezolano, los abusos ocurridos en Honduras tras el golpe que depuso a Manuel Zelaya en 2009 están también bajo examen.

Sin embargo, estos antecedentes no le preocupan a Ortega Díaz, quien, tras calificar de “histórico” el pronunciamiento de Bensouda, aseguró su disposición a suministrar más información para que la instancia no se limite a conocer lo ocurrido en 2017 sino antes.

“Vamos a seguir trabajando, porque consideramos que no solo se deben investigar los hechos ocurridos a partir de abril de 2017 sino también los ocurridos anteriormente”, dijo a El País.

Y agregó: “Más de 8000 venezolanos han sido ajusticiados por policías y militares desde 2013. La Corte también debe analizar los juicios militares a los que han sido sometidos civiles por el simple hecho de disentir o los cientos de detenidos arbitrariamente que fueron incomunicados o han sufrido otro tipo de torturas mientras han estado encarcelados”.

En noviembre pasado, la funcionaria acusó a Maduro y a los ministros de la Defensa e Interior, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres; al jefe de los servicios secretos (Sebin), Gustavo González López; y al excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, de incurrir en homicidio, torturas, detenciones arbitrarias y persecución de manera “sistemática y generalizada”, delitos castigados en el Estatuto de Roma.
El tiempo dirá si el Presidente y sus colaboradores terminan en la ciudad holandesa como alguno de los exdirigentes y exguerrilleros africanos.

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