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Contra el lenguaje que separa

Febrero 20, 2017 - 04:05 p.m. Por: Antonio de Roux

La nuestra es una sociedad especializada en segregar y uno de los vehículos más potentes para hacerlo es el lenguaje. Así, por ejemplo, el uso generalizado impone decirle ‘doctor’ al que no lo es. También llamar ‘presidente’, ‘ministro’ o ‘senador’ a quienes hace años dejaron esos cargos, e incluso la embarraron en su desempeño.

Esa detestable costumbre de crear jerarquías, marcar diferencias y diplomar doctores a diestra y siniestra, desconoce que todos los seres humanos somos iguales en la dignidad, sin importar los estudios o posiciones desempeñadas. Por eso el único título a ser reconocido, aquel capaz de igualarnos en derechos y obligaciones, es el de ciudadanos.

La palabra ‘doctor’ se invoca y aplica de manera abusiva, ignorando que ese carácter que hoy en día está reglamentado por la ley, solo puede reconocerse a quien ha obtenido el título de tal tras haber cumplido rigurosos requisitos relacionados con la investigación académica. Un médico, un abogado, un economista, un contador, un ingeniero y así sucesivamente, son profesionales en el campo respectivo, se deben llamar por lo que son y es improcedente aplicarles el mote de ‘doctor’, el cual se convertiría en un reconocimiento indebido.

El asunto cobra vigencia en esta época de posconflicto porque como lo expresara el alcalde Maurice Armitage, “La paz empieza generando igualdad. El día que nos dirijamos el uno al otro sin marcas de diferencias vamos a entendernos mejor”.

En este contexto el gobierno de la ciudad dictó un decreto de carácter pedagógico, pionero en el país, el cual busca impulsar la cultura ciudadana para la convivencia y garantizar un trato respetuoso e igualitario para todos los habitantes. La norma referida señala acciones que invitan a reflexionar acerca de la terminología que genera diferencias. También promueve el uso de un lenguaje de equidad y respeto. En su parte principal el articulado dispone “Los funcionarios, servidores públicos y contratistas de la Alcaldía de Santiago de Cali se dirigirán a los demás funcionarios independientemente del cargo que ocupen llamándolo por su nombre, sin uso de títulos, sufijos o cualquier otra alteración del nombre…” En los párrafos siguientes el articulado remacha: “se excluirán de las comunicaciones oficiales internas y externas las palabras doctor, doctora, don o doña y todos los títulos que denoten jerarquía; a cambio se utilizará directamente el nombre del funcionario o destinatario”

Pero quién dijo pánico. Frente a esta invitación a la inclusión y la igualdad aparecieron los amigos de la segmentación y la discriminación; aquellos que quizá tratan de “igualado” al semejante que intenta surgir. Más se demoró el municipio en publicar el decreto que aquellos individuos en demandarlo.

Según ha trascendido en las redes sociales, la demanda contiene argumentos carentes de sustento: que el trato igualitario obligado vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad; que la norma trasgrede distintos derechos fundamentales; que se afecta la autonomía de las personas; que constituye una limitación infundada a la libertad de expresión.

Con el liderazgo del Gobierno Municipal y su Asesoría de Cultura Ciudadana, Cali busca transformar el estilo de relacionamiento entre sus habitantes. Lástima que este empeño necesario pueda fracasar por culpa de los leguleyos.

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