claudia blum

Justicia en cuidados intensivos

Es natural que los candidatos a la Presidencia estén preocupados por nuestro agónico sistema de justicia. Para la salud de la democracia y la convivencia social es necesaria una rama Judicial eficaz y creíble.

Uno de los objetivos de la Constitución del 91 fue modernizar la Justicia. Lamentablemente sus fórmulas combinaron estructuras de otros sistemas jurídicos y dejaron enormes vacíos. Sus ‘novedosos’ esquemas, al ser trasladados a un contexto de clientelas y politiquería, crearon problemas estructurales aún sin resolver después de varias tentativas de reforma. El resultado es lamentable: Una Justicia contagiada de corrupción, congestionada, arbitraria y politizada en decisiones jurídicas. Una Justicia enferma es causa de impunidad, caos social y tiranía.

Son imperativas intervenciones drásticas. El primer reto es ponernos de acuerdo en la filosofía de una posible reforma. Una democracia estable busca que la Justicia garantice la aplicación de la ley, la solución de disputas entre particulares y frente a actuaciones del propio Estado y el respeto a los derechos de todos. Su eficacia depende de tener leyes justas, y jueces éticos, competentes, autónomos, que actúen con neutralidad apegada a la ley, tengan recursos para operar y rindan cuentas sobre sus actos.

Las propuestas de los presidenciables no pueden satanizarse de entrada solo por efecto electoral o porque provienen de uno u otro aspirante. Es importante debatirlas y buscar un acuerdo nacional sobre las reformas y estructuras que permitan lograr ese ideal de Justicia. Acuerdo que puede terminar en una reforma por Constituyente o Referendo. Como no ha existido voluntad para promover los cambios en el Legislativo ni en las cortes -inmersos en un intercambio de favores que acabó con los contrapesos entre las dos Ramas-, los votantes deben involucrarse para salir del círculo vicioso.

La opción de la Supercorte sin funciones políticas de elección de funcionarios, dedicada solo a impartir Justicia, con salas especializadas en temas constitucionales, administrativos y de la jurisdicción ordinaria, es una de las más extendidas en el mundo. Más de 140 países tienen solo una Corte, incluidos varios con los sistemas judiciales mejor calificados por el World Justice Project. Lista que encabezan Dinamarca y Noruega (con 19 altos magistrados cada uno); Holanda (41) Australia (7) Nueva Zelanda (5) Reino Unido (12) y EE.UU. (9). Los tres primeros de Latinoamérica también tienen Corte única: Costa Rica (22), Brasil (11) y Argentina (7). Sin duda, ese modelo de una Corte evita choques de trenes y genera seguridad jurídica. Además, permite visibilidad sobre la actuación de cada uno de los altos jueces, hoy perdida en Colombia con una estructura de cuatro cortes con 76 magistrados más los 51 de la nueva JEP.

El esquema debe además definir una carrera judicial en la que quienes imparten justicia sean los mejores. Con un régimen de inhabilidades e incompatibilidades riguroso, y criterios de entrada y permanencia que premien el conocimiento, la experiencia y el desempeño ético de magistrados, jueces y fiscales. Una carrera en la que sea muy difícil entrar, pero que permita expulsar inmediatamente a quien cometa una falla.

Es inaplazable la reforma. La elección del 27 de mayo es también una oportunidad para reconstruir la legitimidad y eficacia de la Justicia, componente esencial del Estado de Derecho.

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