Malos, pero caros
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Malos, pero caros

Junio 06, 2017 - 11:50 p.m. Por: Emilio Sardi

Durante la última década, Colombia ha firmado innumerables tratados internacionales. Bilaterales o con grupos de países, de ‘protección a la inversión’ (Apri) o de (supuesto) ‘libre comercio’ (TLC), todos comparten dos características: para ninguno de ellos se hicieron estudios serios sobre sus costos y beneficios; y, partiendo de afirmaciones gaseosas de los apóstoles de la apertura delirante como que “no podemos quedarnos atrás en la globalización”, en ninguno se adelantaron las negociaciones buscando beneficios concretos para el país.

Como era de esperarse de tratados tan mal negociados y con tan poco juicio, sus resultados no han sido buenos. Ni mejorarán. Pero lo peor es que, en casi todos ellos, nuestros ‘negociadores’ abrieron una tronera gigantesca montando la figura de la ‘expropiación indirecta’, concepto difuso que no se refiere al caso en que se nacionaliza o confisca una empresa o sus bienes sino que estipula que el Estado debe resarcir cualquier desmedro que, por decisiones soberanas, ya sea legislativas, administrativas o judiciales, puedan sufrir los inversionistas extranjeros en las utilidades que esperaban realizar en Colombia.

Y convinieron, además, que las reclamaciones se resolverán mediante arbitramentos en centros internacionales, en una sola instancia y sin pasar por la justicia colombiana. El centro comúnmente usado por los demandantes es el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), cuyos miembros son en esencia abogados que un día son árbitros entre inversionistas y Estados, mientras al día siguiente sus firmas suelen prestarles sus servicios a las mismas compañías multinacionales demandantes. O sea, un centro donde campea el conflicto de intereses y se estila amarrar perro con longaniza.

Los frutos de entregar tan irresponsablemente en esos tratados la soberanía nacional no han tardado, y ya están apareciendo las demandas de compañías multinacionales contra Colombia. El dato más reciente es que las que ya hay en curso -que son unas pocas y apenas las primeras de las muchas que vendrán- suman 23.000 millones de dólares, unos 67 billones de pesos. Esto es casi un tercio del presupuesto nacional, y casi el doble de nuestro déficit comercial.

Las probabilidades de que en el Ciadi las pretensiones de los ‘inversionistas’ prosperen en todo o en parte no son pocas. El 36% del total de casos que llegan al Ciadi terminan en arreglo previo y no continúan, pues la amenaza de la demanda se convierte en una presión que lleva muchas veces a que los países tomen decisiones -o dejen de tomarlas- para evitar someterse a un proceso allí. Pero en los casos que terminan en un laudo o fallo arbitral, el 60% de ellos aceptan total o parcialmente las pretensiones de los demandantes contra los Estados. Colombia acabará pagando por lo menos una buena parte de los US$23.000 millones, y deberá hacerlo en un futuro próximo porque allá los términos son perentorios.

Al entrar en vigencia cada uno de los tratados que hemos firmado, nuestra balanza comercial con la contraparte se deterioró. El déficit será peor ahora que empecemos a pagar los laudos o las conciliaciones que surgirán de estas demandas, que serán cada vez más cuantiosas. Colombia debe prepararse para enfrentar el gran déficit en la balanza cambiaria y, sobre todo, el monstruoso hueco fiscal causados por esos torpes tratados.

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