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Más luces que sombras

Octubre 30, 2016 - 12:00 a.m. Por: Esteban Piedrahíta

Desde que se desplomaron los precios del petróleo hace poco más de dos años, la economía colombiana ha vivido una calma chicha. El país ha seguido creciendo, aunque a tasas menores, y el desempleo escasamente ha repuntado. Como la explotación de hidrocarburos representa 5-6% del PIB, el efecto inmediato en la actividad económica ha sido moderado, salvo en las regiones petroleras. Pero la ‘carga de profundidad’ -$24 billones por año de rentas petroleras para el Estado que se esfumaron- aún no se ha desactivado. Algo de esta brecha ya la ha cerrado el Gobierno vía austeridad -el gasto público (sin intereses) pasó del 16,9% del PIB en 2013 al 15,8% en 2016 y pasará al 15,1% en 2017. Sin embargo, con la reforma tributaria presentada la semana pasada busca conjurar de fondo esta explosiva realidad. La mayoría de los analistas coinciden en que el proyecto de ley presentado se puede calificar de ‘estructural’. Es decir que va más allá de la urgencia del recaudo y busca incidir en dimensiones claves de la economía como la competitividad, la equidad y la formalidad, entre otras. La reforma simplifica el engorroso sistema tributario colombiano, reduce exenciones y excepciones, incluye medidas contra la evasión (como su penalización), fortalece a la Dian y, en general (y notablemente), adopta cerca del 70% de las recomendaciones de la comisión independiente de expertos conformada por el Gobierno a principios de 2015.Un aspecto destacable del proyecto es que, aparte de hacerlos más homogéneos, disminuyendo privilegios a muchos sectores, reduce los tributos a las empresas -los grandes generadores de prosperidad en la sociedad y responsables del 82% del recaudo de renta en el país-, a la vez que, vía un impuesto a los dividendos, aumenta la carga a sus dueños. Aunque el segundo impuesto es tímido (10%), tiene sentido, desde los puntos de vista de competitividad y equidad, reducir la carga a las unidades productivas y aumentarla a los principales beneficiarios de sus ganancias.La principal apuesta en materia de recaudo viene por cuenta del aumento del IVA del 16% al 19%. Esta medida alinea a Colombia con el promedio de tarifas de la región (16% en México, 18% en Perú, 19% en Chile y Brasil y 21% en Argentina) y mantiene exentos los bienes de la canasta familiar (cosa que no sucede ni en Chile ni en Argentina). La teoría diría que lo ideal es ampliar la base de productos y mantener tarifas más bajas, pero lo planteado parece ser lo políticamente factible y resulta indispensable para mantener la solvencia del Estado y las apuestas de política social.Una propuesta innovadora es la introducción de un monotributo para pequeños negocios. Este, más que un aumento sensible en el recaudo, lo que busca es incorporar a miles de microempresas a la formalidad mediante un impuesto único, de adopción voluntaria, de aproximadamente el 1% de sus ventas anuales ($40.000 - $80.000/mes), que, además, confiere al empresario beneficios en materia de pensiones y aseguramiento. Uno de los grandes retos que tiene el país es conectar a las unidades informales a las redes de crédito, comerciales y de conocimiento de la economía formal para aumentar su productividad y, de esa manera, incrementar los ingresos de los microempresarios y sus empleados y brindarles protección social. Las voces críticas a la reforma, desde todas las vertientes políticas, no se han hecho esperar. Y por supuesto que en sus 185 páginas hay mucho que pudiera ser mejorable. Pero, dadas las urgencias económicas y las restricciones políticas, el proyecto tiene muchos más aciertos que errores y su nivel de ambición va mucho más allá de los ‘parcheos’ recurrentes que se han hecho al sistema tributario colombiano en las últimas décadas. No podemos exigir cada día más al Estado y pretender la cuenta la paguen otros.Sigue en Twitter @estebanpie

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