francisco jose lloreda mera

Testigos a la carta

El inicio de año ha sido sacudido por la corrupción asociada a la contratación de obra pública pasando desapercibida una modalidad delictiva igual de profunda que de no corregirse incentivará las formas de degradación existentes, posibles e inimaginables. Me refiero a la corrupción en el sistema penal y en especial, a la proliferación de falsos testigos. Una pandemia de especial gravedad, a la que poca atención se la ha dado.

Ejemplos hay muchos. Alberto Jubiz Hazbún, acusado por el asesinato de Galán, cuatro años preso, hasta que se comprobaría su inocencia; Sigilfredo López, sindicado por el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, tres años tras las rejas; Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas por la muerte de Luis Andrés Colmenares, un año detenidas; y Luis Alfredo Ramos, detenido tres años por supuesto vínculo con paramilitares.

En los cuatro casos fueron acusados con testimonios de personas que los inculparon y que luego se comprobaría o señalaría por parte de jueces, que eran falsos testigos. Tan delicado es el tema que se dice que en la Modelo hay un pabellón de falsos testigos. Testigos que luego se retractan, como si nada, y el país ya no sabe qué creer, ni a quien creerle. Ni cuando terminarán algunas de las investigaciones penales más críticas.

Y es preocupante porque devela dos problemas adicionales a la inseguridad judicial: el primero, de corrupción, pues los falsos testigos no surgen al azar, alguien los busca, los libretea y paga; lo segundo, porque la guerra de testimonios verdaderos o falsos, evidencia la dependencia de nuestra justicia penal de la prueba testimonial; prueba claramente vulnerable, pues hay “testigos a la carta”, que dependen del mejor postor.

Lo anterior sería menos grave si de por medio no estuviese la libertad de las personas. Pero resulta que la privación de libertad como medida cautelar ya no es la excepción sino la regla. Los casos señalados sugieren que se abusa de esta figura, en parte, por la presión o linchamiento mediático. Y se lleva por delante, en muchos casos, la honra y vida de las personas, dejando en entredicho el principio de presunción de inocencia.

Lo anterior es tan absurdo que los grandes crímenes, en especial homicidios, se abren y cierran dependiendo de los funcionarios de turno, de interpretaciones cambiantes y pruebas nuevas, reales o falsas. Y se realizan nuevas acusaciones y condenas, y no es fácil saber si se ha alcanzado la verdad o si a la vuelta de unos años se demostrará que todo era una farsa, y se empieza de nuevo, convirtiéndose en novelas espeluznantes.

Lo anterior sugiere medidas de fondo. Por ejemplo: i) que las acusaciones y privación preventiva de la libertad para ciertos delitos no dependan de un solo fiscal y un solo juez sino de cuerpos de fiscales y de jueces; ii) que si se utilizan falsos testigos, le caiga una pena igual a la del acusado al falso testigo y a quien lo instrumentaliza, incluidos los abogados; y iii) Darle un mayor peso a pruebas judiciales distintas al testimonio.

Lo que está ocurriendo es realmente grave pues deja en entredicho la veracidad de las investigaciones y la seriedad de nuestro sistema penal. La existencia de falsos testigos -y en casos tan relevantes- deja al descubierto una corrupción alarmante que parece no responder a situaciones aisladas sino a un problema sistémico, que no es de ahora, y que pareciera estar incrustado y mimetizado en las entrañas de nuestra justicia.

VER COMENTARIOS

  Continúa Leyendo




Powered by