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De espaldas

Marzo 05, 2017 - 07:00 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

El país cayéndose a pedazos y los políticos y gobernantes dedicados a elecciones y a reformas que no sirven, a ventilar rencores y a no enfrentar los enemigos de la Nación. Después reclaman porque los colombianos se alejan de un régimen que los representa cada vez menos.

Ahora estamos metidos en la discusión de los medios bogotanos sobre los candidatos a la presidencia, elección que tendrá lugar dentro de año y medio. Que si Petro, que Vargas Lleras está muy disminuido, que crece ¡cómo no! la aspiración de De La Calle, candidato del Gobierno. Pero la realidad y lo que dicen los colombianos es otra. Ellos rechazan lo que está pasando, no creen en las instituciones y su indignación va en aumento.

Es lo que dice la encuesta de Invamer Gallup. Los resultados de la de Datexco y la de Janhass, son casi idénticos. En todas se refleja una desaprobación enorme a lo que está sucediendo, aunque algunos traten de ignorarlo. Los colombianos demuestran que lo que menos les importa son las elecciones, los políticos, los gobernantes y sus promesas. Están hastiados de la porquería, castigan a todos sus dirigentes y no ven soluciones.

Por ejemplo, no creen ni aceptan la arremetida del Gobierno para hacer creer que el acuerdo con las Farc es la salvación del país. Y vuelven a rechazar las trampas con las cuales se desconoció la voluntad popular, se pasó por encima del No de la mayoría en el plebiscito del dos de octubre, y ahora se prepara para cambiar la Constitución por la vía del fast track que le aprobaron unos partidos sumisos y castrados por la corrupción infinita.

Es como si los gobernantes fueran elegidos para destrozar la Constitución que juran defender y no para acatarla. El pasado lunes, Pedro Medellín escribió una valiente columna en la cual mostró cómo “la semana pasada, el presidente Santos puso a consideración del Senado el Acto Legislativo de estabilidad Jurídica que deroga la Constitución de 1991”. Y nada pasa.

Pero va a pasar más. Los acuerdos de La Habana parecen incluir órdenes al Banco de la República, donde el Gobierno tiene al Gerente y a la mayoría de su Junta, para que emita lo necesario para pagar lo que llaman el posconflicto. Y es de temer que detrás del nombramiento de los cinco que designarán los magistrados de la Justicia Especial de Paz esté el interés de complacer a las Farc. Es posible entonces que no haya justicia sino manipulación política.

Ahora, la paz ya no sólo se usa para cubrir la mala dirección del Estado. Se utiliza para tapar la ausencia de una política contra el narcotráfico diferente a la repartición de subsidios. Por eso, el impulso al narcotráfico lo da la falta de autoridad, llegamos a 159.000 hectáreas de coca con lo cual las Farc ganaron un gran dominio territorial, y a una producción alucinante de cocaína, mientras extraña el silencio de los comandantes de la Fuerza Pública que deberá enfrentar de nuevo a un enemigo fortalecido por la miopía de los dirigentes nacionales.

El impulso al narcotráfico es asfixiante y el clientelismo oficial lo ignora, enfrascado como está en defenderse del destape de los hechos de corrupción que brotan casi a diario. A cambio va a imponer lo que quiera mediante el fast track, así no se relacione con el acuerdo de La Habana.

Al parecer, la dirigencia colombiana, pública y privada, perdió el pudor y le da la espalda a la realidad. Por eso, los ciudadanos están cada vez más de espaldas al establecimiento.

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