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El peor ciego

Agosto 13, 2017 - 07:15 a.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizabal

¿Cuántas reformas políticas se han hundido en los últimos doce años? Todas, porque tocan los intereses de una rancia y apoltronada clase que no ve razones para el cambio.

Mejor aún, porque todas han atentado de una u otra manera contra su negocio. La política se convirtió en una lucrativa operación, no solamente por los salarios de los congresistas. Y no admite un mínimo de ética distinta a la negociación del control político o la capacidad de legislar a cambio de dádivas, cupos indicativos o la vulgar mermelada, cuando se trata de las corporaciones públicas. Para eso no son las elecciones.

El caso del ‘Ñoño’ Elías es el último ejemplo. Junto con los otros cuatro senadores de Sahagún, representó el poder de elegir. Nadie como ellos pudo sumar centenares de miles de votos desde Córdoba, un departamento con población inferior a Cali. Además de los cargos en el Congreso, a su disposición tienen las alcaldías, los departamentos, las contralorías, los presupuestos de los ministerios y los institutos nacionales. Y, claro, los votos que les asegura el control sobre la Registraduría y el podrido sistema electoral.

Por eso subsisten partidos como la U, marca que reune a los más conspicuos representantes de ese estilo de manejar el Estado. No proponen nada, van a remolque, piden lo que sea por su respaldo a los gobiernos de turno, lo reciben y luego votan. A otros, como a lo que queda del partido Conservador, no tienen vocación de servicio distinta a asegurar sus curules, en un miserable ejercicio de lentejismo. A ellos les tiene sin cuidado el rechazo de la opinión pública. Solamente necesitan las puertas de atrás por donde pueden entrar a los despachos públicos para ‘gestionar’ asuntos con el supuesto ropaje del interés nacional.

El veneno está también en la elección del poder Ejecutivo. En muchos casos, allí se impone el interés de contratistas y bandidos por encima del bien común. Por eso, a los elegidos ya no se les hace ver la gravedad de los cargos sino que se les felicita. Se les dice “te la echaste”, dando a entender que se ganó la lotería, disponer a su antojo del tesoro público. Y cuando un alcalde o gobernador no pertenece a esa ralea, se le viene encima la persecución y la descalificación.

En esas condiciones, difícil será hacer un cambio como la que pide la gente del común para volver a creer en el Estado. Y menos aún cuando se presentan reformas como la de ahora, ilegal, inconveniente y remendada. Salvo que incluyan la posibilidad de cambiar de partido para el 2018, la reforma que pretenden sacar mediante el Fast track está muerta.

Y mientras eso ocurre, la provincia colombiana padece el embate de la ilegalidad y de un Estado ausente y distante que pretende convencer a sus habitantes con auxilios y prebendas que benefician en su mayor parte a organizaciones como la Coccam y otras tantas promovidas por las Farc. Pero eso no importa para la clase política. Lo importante es que la tengan en cuenta en para la repartija de mermelada y puedan conseguirse joyas como Odebrecht o los contratos que reparten a dedo en los ministerios y en las entidades descentralizadas.

Así se hunde la democracia en el desprestigio, la falta de respaldo y de credibilidad de los colombianos, hastiados de tanta corrupción e inoperancia. Pero eso no lo ven los políticos, empeñados como están en defender sus intereses. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Sigue en Twitter @LuguireG

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