pedro medellín

La hora de la verdad

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, dice el refrán popular. Por ahora, el plazo se ha cumplido. Como se había anunciado, el jueves pasado el gobierno de los Estados Unidos hizo llegar a la Cancillería colombiana la solicitud formal de extradición a ese país, de Seuxis Hernández, más conocido como ‘Jesús Santrich’.

Se trata de un documento de más de 240 páginas que revelan los pormenores de las negociaciones llevadas a cabo para la venta de 10 toneladas de coca, supuestamente con destino al Cartel de Sinaloa. La solicitud no sólo es exhaustiva en las fechas de las reuniones llevadas a cabo con el propósito de enviar droga a los Estados Unidos. También lo es con los pormenores de lo que en cada una de las reuniones se discutió y se fue acordando entre las partes. Incluso, Estados Unidos ha entregado las “transcripciones de conversaciones e imágenes tomadas de los videos de cada una de las reuniones”.

En su defensa, ‘Santrich’ había afirmado que sus conversaciones con Rafael Caro, jefe del Cartel de Sinaloa, habían sido para acordar proyectos productivos en el agro en donde el jefe del Cartel de Sinaloa había decidido invertir. Posteriormente el abogado del exguerrillero reafirmó la versión. Sin embargo, fuentes judiciales y periodísticas, aseguran que los negocios de ‘Jesús Santrich’ iban más allá. También vendió a capos colombianos, ecuatorianos y mexicanos un espacio en la lista de excombatientes de las Farc-EP ante la Justicia Especial de Paz (JEP), que además de permitirles un tratamiento especial, les evitó el castigo por los delitos que hayan cometido con anterioridad al 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firman los acuerdos del Teatro Colón.

Pero más allá, aquí hay dos hechos que resultan relevantes para el futuro de los Acuerdos suscritos por el gobierno con las Farc. Por una parte, que los magistrados de la JEP repiensen su papel como instancia judicial. Esto es, que una vez tengan las pruebas para confirmar o no la ocurrencia de los hechos por fuera de las fechas acordadas, procedan conforme a derecho. Esto es, si efectivamente la conducta no se produjo se produjo después de firmados los acuerdos, pues que asuman la competencia que les ha sido conferida. Pero si encuentran que los delitos fueron cometidos después de la firma de los acuerdos, pues que acepten que sólo le queda dar trámite a la Corte Suprema de Justicia para que determine si los delitos se adecuan con la normatividad nacional y que cumplan con los parámetros legales para conceptuar aprobando o negando la extradición. Si se adecuan, el asunto pasa a manos del Presidente de la República quien puede discrecionalmente tomar la determinación que considere.

Y por otra, que pese a las resistencias por la posible extradición de ‘Santrich’, a los dirigentes del ahora partido político de las Farc no les queda otro camino que aceptar la acción de la Justicia. Y más bien proceder internamente de acuerdo con lo dicho por ‘Timochenko’, quien luego de enterarse de la captura hizo un llamado a quienes dejaron las armas en el sentido de respetar la Ley y mantenerse dentro de los acuerdos… “quien no lo haga, debe atenerse a las consecuencia y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido”. Y que a partir de ese principio entren en el juego democrático, a competir en igualdad de condiciones por los espacios de la democracia.

Es claro que de la manera como se tramite la solicitud de extradición de ‘Santrich’ a los Estados Unidos, dependerá no sólo la consistencia y continuidad de los acuerdos suscritos con las Farc, y de los mecanismos judiciales que lo están soportando. También -y más allá- será crucial para definir la capacidad del Estado colombiano para combatir y contener el flagelo de la droga, que dentro de poco nos va a poner ante el límite de las 300 mil hectáreas cultivadas. Aquí no hay más remedio. Las cartas están sobre la mesa. Es la hora de la verdad.

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