pedro medellín

¿Que más vale un mal acuerdo?

Las cosas evolucionan de tal manera que ni siquiera los refranes populares se sostienen. Ya no son esas frases que traen una enseñanza, una sabia máxima o una conseja de la sabiduría de los pueblos. Los colombianos ya no podemos decir, por ejemplo, que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”.

Me refiero a ese refrán, porque era al que se recurría para justificar las desventajas a las que estaban llevando los acuerdos con las Farc. Ante cualquier alerta sobre la negociación, se respondía que había principios y valores que se podían sacrificar porque el costo de mantener el conflicto era mayor.

Por esa vía se demolieron asuntos fundamentales como los derechos de las víctimas, los compromisos de Colombia al suscribir tratados internacionales, o se debilitaron las bases esenciales del equilibrio de poderes que garantizaban la permanencia de la Constitución Política.

A la brava se metieron por el camino de un mal acuerdo. De nada valía que se llamara la atención sobre la imposibilidad de cambiar las penas aplicables del régimen de reclusión, por unas ‘sanciones’ indefinidas en su alcance y aplicación. Tampoco importaban alertas sobre la impunidad que produciría el hecho de que se suprimieran los principios de
responsabilidad de mando para los guerrilleros, como finalmente se hizo. Incluso, se desconoció la victoria del No a los acuerdos, en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Lo más grave, que mientras se proclamaba que “las víctimas eran el centro de los acuerdos” y que “ningún responsable de delitos de lesa humanidad iría al Congreso sin antes cumplir con los principios de verdad, justicia y reparación”, en la realidad sucedía lo contrario. Se permitió que esos responsables ocuparan cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara, sin cumplir con esa obligación. ¡Los derechos de los victimarios, por encima de los de las víctimas! Colombia inauguró una nueva ética de la paz.

El desequilibrio fue tan evidente y las ventajas tan absurdas, que la dirigencia de las Farc convirtió la vuelta a la guerra en una amenaza permanente. Y el gobierno se dejó consumir por la presión. Quedó preso de los acuerdos. Las formas se impusieron sobre los contenidos. Todo se justificaba diciendo que era mejor un acuerdo imperfecto que una guerra perfecta.

Nadie reparó que en esta nueva ‘ética de la paz’, cada quien aprovechó el momento para seguir en lo suyo. Por una parte, gracias a unas disputas internas en el gobierno se supo que los responsables de la implementación de los acuerdos encontraron en los millones de dólares que llegaban del exterior, una buena oportunidad para hacer sus negocios. Y todo se volvió un sistema corrupto de favores y beneficios en el que las comisiones se movían entre el 12 y el 20%.

Y por otra, gracias a la Justicia de Estados Unidos, se supo que uno de los negociadores de las Farc está acusado de haber ‘conspirado’ para enviar 10 toneladas de coca a ese país. Por la dimensión de la carga y su destinatario, todo hace pensar que no se trataba ni de una operación a cargo de un pequeño grupo de narquitos, ni tampoco era la primera vez que tenían contactos con organizaciones tan complejas como el Cartel de Sinaloa.

Si a esto se le suman las 220 mil hectáreas sembradas de coca, la presencia de carteles mexicanos en Colombia, el crecimiento de las disidencias de las Farc, el Cartel del Golfo y el ELN, y el cerco de las drogas en colegios y universidades, podemos decir que, en aras de la paz con las Farc, el gobierno Santos hizo un mal arreglo y se ganó un gran pleito. O en términos utilizados por los negociadores: en lugar de llegar a un acuerdo imperfecto, para no tener una guerra perfecta, ahora tenemos un acuerdo imperfecto, en medio de una guerra perfecta. ¿Qué tal el negocio?

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