Editorial

Con beneficio de inventario

Septiembre 06, 2017 - 11:55 p.m. Por:
Elpais.com.co

En una declaración publicada en pasados días, el jefe de la organización de delincuencia común más grande de nuestro país ofreció terminar con las actividades de lo que llamó “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. Una noticia no tan sorpresiva que debe llamar a la cautela de las autoridades para evitar errores, concesiones y malas interpretaciones sobre cuál es la verdadera intención del anuncio.

Se debe empezar por precisar que el grupo encabezado por alias Otoniel no tiene contenido político alguno. Su objetivo ha sido siempre el uso de la violencia para explotar el narcotráfico en todos sus aspectos, para enriquecerse con la minería ilegal a costa de los recursos nacionales y la destrucción del medio ambiente, y para someter mediante el terror a miles de colombianos que soportan la presión de quienes no tienen límites morales en la violación de los derechos humanos.

Denominada ‘Clan del Golfo’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Úsuga’ o como se quiera, esa organización perfeccionó un sistema que le permitió expandirse por gran parte del territorio nacional, en especial la Costa Pacífica y la Atlántica, y aliarse o enfrentarse con las guerrillas de las Farc, el ELN o grupos de narcotraficantes como ellos, según pudieran o no ponerse de acuerdo en el reparto del botín que recibían de los crímenes que cometen.

Así las cosas, lo dicho por ‘Otoniel’ en un video dado a conocer el pasado martes debe ser recibido con beneficio de inventario. Eso significa que no pueden ser considerados como rebeldes contra el Estado o como defensores de causas nobles que merecen el perdón o siquiera el tratamiento especial utilizado para tratar de conseguir el desarme de las guerrillas. O que la institucionalidad debe ser cambiada de nuevo para ajustarla a los requerimientos de quienes tienen por profesión delinquir y causar violencia.

Si alguna consideración pueden recibir distinta a las rebajas que puedan conseguir con su sometimiento, ella debe producirse después de que entreguen las enormes fortunas que han acumulado, y de la delación que deben entregar sobre quiénes han sido sus colaboradores dentro y fuera de Colombia. Además, deben garantizar que con su entrega terminarán las vinculaciones con la delincuencia que destruye la vida y la tranquilidad de millones de personas en nuestro país.

No cabe la menor duda de que la actitud del jefe de ‘Los Urabeños’ es consecuencia de la actuación decidida de la Fuerza Pública para someter una organización que tiene uno de sus orígenes más importantes en las limitaciones del Estado para mantener el control en todo el territorio nacional. De él dan fe las miles de capturas y bajas que ha experimentado esa organización y las consecuencias que hace pocos días sufrió su segundo al mando.

Ahora no es momento para hacer un aprovechamiento político de la que debe ser una entrega sin concesiones de un grupo de delincuencia común. Es ante todo la oportunidad para demostrar que el crimen no paga y que las instituciones del Estado están comprometidas con el combate a las conductas que han teñido de dolor y de sangre a nuestra Nación.

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