Editorial

Contra los ‘dreamers’

Septiembre 07, 2017 - 11:55 p.m. Por:
Elpais.com.co

Demostrando su temor por la responsabilidad que le cabe, el presidente Donald Trump puso a su secretario de Justicia a explicar que el programa ‘Acción Diferida para los Llegados en la Infancia’, conocido como Daca, es ilegal. Con ello cumple su promesa de campaña a la vez que se lava las manos en el nuevo ejercicio de discriminación contra los inmigrantes residentes en los Estados Unidos.

Daca es producto de una orden presidencial del expresidente Barack Obama para regularizar en forma temporal la estadía de jóvenes que llegaron con menos de 16 años a su país, traídos por sus padres en forma ilegal. Son por lo menos 750.000 personas que crecieron allí, se educaron, entraron a trabajar, han demostrado sus capacidades y su aporte al progreso y bienestar de los Estados Unidos, y en muchos casos han prestado su servicio en sus cuerpos militares.

Su situación nunca fue legalizada en forma definitiva por un Congreso de mayoría republicana, no obstante el valor que han significado para la nación estadounidense. Allí nace su fragilidad, pese a que desde las más importantes empresas se les defiende y se les reconoce su aporte, y que los gobernadores y funcionarios de muchos Estados les han brindado su respaldo, más como un reconocimiento a su valor que como una forma de conmiseración y piedad para con quienes tienen necesidad de legalizar su condición de inmigrantes.

Sin embargo, todo parece indicar que el presidente Trump necesitaba dar otra demostración de autoridad. Pero esta vez no lo hizo de manera directa ni con su acostumbrada estridencia que lo mantiene en el centro de una polémica eterna sobre su capacidad de dirigir el destino de la nación más poderosa de la tierra. Ahora usó a Jeff Sessions, su ministro de Justicia, para anunciar que por razones de ilegalidad se veía obligado a suspender el Daca, y que le daba un espacio de seis meses al Congreso para definir la situación.

Disfrazó así sus verdaderas intenciones de perseguir a toda esa migración que entra “por la frontera sur”, según explicó Sessions. Es decir, la que llega de Latinoamérica, en especial de México, en busca del sueño americano que una vez atrajo millones de europeos como los antepasados del señor Trump. Y le pasó la pelota a un Congreso, donde el Gobierno no ha podido hacer valer las mayorías de su Partido Republicano, evadiendo así el deber de guiar decisiones tan importantes para el futuro de su país y de millones de personas.

Con ello, Trump volvió a dividir a su nación. Por lo pronto, trece de los Estados que conforman la unión anunciaron demandas contra la medida del Gobierno federal, y varios fiscales de Nueva York iniciaron acciones similares. Sus argumentos se basan en el daño que causará a los Estados Unidos, además de la violación a los derechos de los llamados dreamers, quienes son tan estadounidenses como cualquiera de los ciudadanos de ese país.

Pero eso no se tuvo en cuenta al momento de tomar una decisión en la cual primó sin duda el afán de demostrar un concepto de autoridad mal entendido y peor aplicado contra los inmigrantes en los Estados Unidos.

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