editorial

Cuidado con las Cajas

Luego de 63 años de construir un sistema basado en la economía solidaria para atender las necesidades de los trabajadores asilados mediante el aporte patronal, se sabe ya que el Estado pretende recostarse en esos recursos para financiar sus programas de seguridad social. Por eso hay que estar alerta ante los intentos por desviar los recursos de las cajas de compensación familiar.

El pasado miércoles, la presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación entregó unas declaraciones en las cuales revela la delicada situación que se está presentando a raíz de las decisiones gubernamentales que les fijan obligaciones a esas entidades. Aunque es claro que se trata de destinar esos recursos a campos afines del servicio social que presta el Estado como la salud, la educación o la vivienda, también es cierto que los recursos se originan en una decisión tomada en su momento para estimular la transferencia directa de recursos de las empresas al bienestar social de sus trabajadores.

En efecto, a partir de esa medida se logró constituir un sistema basado en la economía solidaria, el cual es administrado por las Cajas con resultados de indudable impacto para millones de familias. Hoy, nueve millones cien mil trabajadores reciben beneficios directos de ellas, los cuales se amplían a once millones trescientos mil colombianos. Es un vasto espectro que muestra las bondades de un instrumento vigilado por el Estado y administrado por entidades de origen privado donde tienen asiento los trabajadores y los empleadores.

Sin embargo, y tal vez pensando en la efectividad de ese modelo de servicio, los gobiernos empezaron a encargarle funciones como la atención a los programas de vivienda de interés social. Por fortuna, las alertas hicieron posible que en la reforma tributaria del 2012 no se recortara o se trasladara el aporte del 4% que pagan las empresas, pero a partir de entonces las Cajas de Compensación han sido involucradas en actividades de altísimo riesgo como la creación o el aporte a Empresas Prestadoras de Salud. Además, y según informa la doctora Adriana Guillén, obligándolas a entregar recursos para “cubrir proyectos que no pueden ser financiados por el Estado”.

El resultado se refleja en la crisis que padecen esas EPS y redunda en sus finanzas, obligando a reducir a sus afiliados beneficios como las cuotas monetarias, además de afectar la solidez de las Cajas, llevando ya a la intervención de dos de esas entidades. Según Asocajas, la disyuntiva es clara: o se liquidan los programas de salud que les han impuesto pese a que ponen en riesgo su existencia, o se salvan esas entidades.

Ese llamado de atención no puede ser ignorado porque lo que está sucediendo amenaza uno de los modelos más exitosos en materia de solidaridad y de apoyo a los trabajadores y sus familias que reciben un beneficio directo en actividades que el Estado no puede proporcionarles. Por ello es necesario que se haga claridad de parte del Gobierno y se evite sacrificar la estabilidad de las Cajas de Compensación en aras de las necesidades fiscales.

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