editorial

De la protesta a la política

De nuevo, y como ha sido frecuente en los últimos años, los dirigentes de las comunidades indígenas iniciaron un movimiento para exigir que se cumplan los compromisos que los gobiernos han adquirido con ellos a través del tiempo. Es de esperar que no se repitan las tomas y bloqueos de carreteras vitales, o los desórdenes que exigen la presencia de la Policía para restaurar la libertad de locomoción y el interés de la inmensa mayoría de los colombianos.

Esta vez, el movimiento se basa en pedidos como la inclusión de las comunidades indígenas en los desarrollos de la paz, y la exigencia de tramitar con rapidez los ajustes a la ley de tierras incluyendo el fortalecimiento del programa de legalización de predios y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional. Además, se reclama la conformación y el funcionamiento de la Comisión Nacional Ambiental Indígena, como escenario para concertar la agenda ambiental.

Pero lo que está sucediendo tiene el mismo contenido de sus últimas protestas, algunas de las cuales han terminado en prolongadas tomas en las que se hace necesaria la presencia y actuación de la Fuerza Pública. Más aún cuando, como está sucediendo en el norte y centro del departamento del Cauca, los reclamos se han confundido con tomas ilegales de propiedades que han sido adquiridas con justo título. De esa manera, la exigencia de que se cumplan los compromisos de entregar más tierras y de reivindicar derechos se confunde con la inaceptable recurrencia a la violencia que genera rechazos entre los colombianos.

Cabe preguntar si para que esas solicitudes sean escuchadas y tramitadas se requiere amenazar con el bloqueo de vías o la invasión de predios. Hasta ahora solo se han presentado algunos incidentes en la carretera que conduce a Buenaventura, los cuales han demandado la presencia de las autoridades, y se han realizado bloqueos esporádicos en la carretera Panamericana, además de un paro que se desarrolla en la zona del Catatumbo.

Y no puede desconocerse que el movimiento coincide con los reclamos de organizaciones que se han tomado la vocería de quienes tienen cultivos ilícitos, los cuales también se han apostado en las carreteras y amenazan con bloqueos si el Gobierno Nacional no accede a sus demandas. Ese es otro factor inquietante que hace pensar en que las movilizaciones van más allá de la protesta social legítima y respetable para transformarse en movimientos de contenido político que pretenden aprovechar el momento por el que atraviesa el país.

No hay duda sobre el derecho a la protesta social que debe ser protegido por el Estado. Pero también es momento para que los líderes de las comunidades indígenas tanto como los representantes del Gobierno se pregunten si no es la oportunidad para tener un diálogo sensato que prescinda de las promesas imposibles de cumplir y las vías de hecho, evitando así el rechazo del resto de la Nación a causa de los perjuicios que le ocasionan. Es decir, para pasar de la discordia permanente e insoluble a las soluciones que beneficien a todos los colombianos.

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