editorial

El paro olvidado

Luego de cincuenta y un días, estaría a punto de levantarse el paro decretrado por los miembros de uno de los sindicato de pilotos de Avianca. Fue una huelga que trastornó el transporte aéreo en Colombia y dejó grandes pérdidas al país. Con ello se demuestra la vulnerabilidad en que se encuentra una actividad crucial para la comunicación, que no puede estar expuesta a amenazas como las diferencias laborales.

A pesar del daño que hasta ahora han sufrido miles de pasajeros, de los perjuicios para sectores importantes de la economía como la hotelería y el turismo, el paro se ha perdido en el silencio. Y queda al descubierto que no parecen existir los mecanismos ni la intención del Estado de intervenir en favor de los usuarios.

El próximo 20 de noviembre se cumplirán 60 días de que el sindicato de pilotos, Acdac, decretara la parálisis. A partir de ese momento, los aeropuertos empezaron a registrar la acumulación de pasajeros que veían cómo los tiquetes que pagaron por anticipado eran desconocidos.

Según los huelguistas, esa pérdida que sufren personas sin vínculo alguno con las partes en conflicto, es una contribución en aras de defender el derecho a la protesta social. Y según la empresa, los pasajeros son víctimas debido a la dificultad de la aerolínea para prestar el servicio por el abuso que cometen los huelguistas. Es un conflicto entre una empresa y parte de sus funcionarios que golpea a todos los colombianos a pesar de que los jueces consideran el transporte aéreo como un servicio esencial.

No es necesario hacer un recuento de las gestiones que ha realizado el Ministerio del Trabajo para tratar de conseguir que se termine la protesta mediante la negociación, así como los intentos por poner en funcionamiento un tribunal de arbitramento que logre detenerlo, evitando así el aumento en los perjuicios que causa. Ahora, la Defensoría del Pueblo adelanta una mediación que puede llevar a superar una crisis causada por la posición de ambas partes, más cercana a la intransigencia que al interés por anteponer el bien común a las diferencias laborales.

Si bien Avianca ha recuperado parte de su operación, reconoce que ha cancelado catorce mil vuelos. Son cientos de miles de personas damnificadas, y de actividades que han padecido las consecuencias de una parálisis que no ha podido ser cubierta por las otras aerolíneas que prestan servicios en el país. Lo cierto es que Avianca tiene la mayor porción del mercado y eso significa un riesgo para la Nación.

A pesar de ello, las autoridades parecen impotentes para detener el perjuicio que sufren los usuarios de un servicio esencial. Ni siquiera ha sido posible la configuración del Tribunal y si bien falta poco para que se cumplan los sesenta días de plazo que fija la ley para levantar la protesta, los directivos de Acdac ya anunciaron maniobras para prolongarla.

Se puede deducir entonces que no existe voluntad de encontrar una solución negociada. Es allí donde el Estado debe actuar para proteger los derechos de los ciudadanos, sin que ello implique desconocer la discrepancia. Ojalá, la intervención de la Defensoría le de fin a un paro nocivo para todos los colombianos.

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