editorial

Hora de decisiones

Luego de múltiples reveses y de promesas incumplidas por su distribuidor, la Industria de Licores del Valle vuelve a experimentar una caída enorme en sus ventas que la obliga a revisar el contrato y a actuar con cuidado para no repetir errores.

En entrevista con El País, el Gerente de la ILV explicó la situación, además de precisar los comunicados de la Gobernación del Valle. Es el incumplimiento sistemático del distribuidor en sus cuotas, que llevó a que se vendieran sólo 4,5 millones de botellas de aguardiente y 188.000 de ron, una cifra ínfima que demanda reacciones, pues a la empresa dejaron de ingresarle $30.000 millones durante el 2017 y le generaron un inventario de tres millones de botellas.

Visto desde la perspectiva de los ingresos, y aunque el doctor Mario Andrés Rivera dice que no está en peligro la ILV, la situación es crítica. Además, debe tenerse en consideración la pérdida del mercado, el deterioro de la imagen y la imposibilidad de competir con empresas nacionales y extranjeras que sí son conscientes de la importancia del mercadeo y la inversión que debe hacerse para no caer en la inferioridad de condiciones en la que ha caído la empresa, lo que le acarrea el no poder estar presente con su marca y sus productos en eventos de gran importancia.

Y existe otro elemento más grave aún, denunciado hace algunos años por este diario, en crónicas e informes que merecieron el reconocimiento nacional. Y más peligroso si el Departamento no actúa para proteger su más importante renta. Se trata del contrabando, de la proliferación de ventas de aguardiente adulterado que se produce con la importación de alcohol producido en el Ecuador y en las mismas plantas a las cuales les compra la Licorera.

Con ello se pierde otra proporción grande del mercado, además de poner en riesgo la salud de los consumidores. Y se da la sensación de que la burocracia creada para administrar las rentas, así como las autoridades de Policía y los órganos de Justicia son incapaces de combatir a las organizaciones ilegales que inundan el mercado de licores que amenazan la integridad de los consumidores y los ingresos del Valle.

Ahora se plantea la liquidación de un contrato por incumplimiento del distribuidor. Más allá de esa acción, el Valle debe aprender del error que ha significado entregarle el manejo del monopolio de los licores a una sola empresa, que decide cuánto comprar, a quién venderle y cómo se maneja el mercadeo del aguardiente. Ya es hora de terminar con esa práctica nociva porque, además de la corrupción y el clientelismo, allí ha estado una de las razones por las cuales la ILV se quedó atrás de empresas como la de Antioquia o la de Caldas que han mantenido sus mercados.

Ya sea por incumplimiento o por inconveniente para sus intereses, la ILV y el departamento del Valle deben acabar con el contrato que entrega la comercialización y venta de sus productos a un solo distribuidor. Con ello terminará también con la mala experiencia de tener que recurrir a demandas y denuncias ante la Justicia, mientras su mercado se pierde en forma irremediable.

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