editorial

La amenaza es real

Sin más retóricas, Colombia debe reconocer que los cultivos ilícitos y la consecuente amenaza del narcotráfico a todos los niveles recuperaron su poder intimidante contra nuestra sociedad. Y está obligada a tomar las decisiones y emprender las acciones que sean necesarias, antes de que el problema vuelva a ser inmanejable.

Esa alarma ha sido emitida por muchos medios en las regiones del país y durante varios años. Es en la provincia donde se está viviendo lo que va camino de convertirse en otra tragedia como la que padecía la Nación en la década de los noventa. Ahora, informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, perteneciente a la ONU, indican que el narcotráfico en todas sus expresiones ha llegado a cifras jamás alcanzadas, lo que nos ratifica el triste honor de ser los primeros productores de cocaína en el mundo.

Y nos pone de nuevo a dar explicaciones sobre por qué hemos llegado a tener doscientas mil hectáreas de coca, por qué volvimos a producir amapola, exportando a la vez centenares de toneladas y de kilos de cocaína y heroína respectivamente. Por supuesto, allí no está incluida la enorme cantidad de marihuana y de derivados de la coca o de drogas sintéticas que inundan nuestras ciudades, generando un efecto terrible entre los colombianos, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, así como fenómenos de violencia crónica causada por las batallas permanentes de los narcos por el control del negocio.

Así es la amenaza que ya volvió a ser real, no obstante los intentos de las autoridades por llevar la discusión sobre el combate a las drogas a terrenos distintos, como la educación y la salud. Puede que eso sea lo más racional y civilizado. Pero no se puede caer en la ingenuidad de creer que los narcotraficantes que inundan el sur del país, o el Litoral Pacífico, o el Catatumbo, las selvas del Amazonas o los llanos del Guaviare, no están aprovechando las señales de debilidad. O de ignorar que las Farc fueron las grandes promotoras de la ampliación de la frontera cocalera, con todas las ventajas políticas y económicas que eso les produjo.

Para enfrentar esa enorme amenaza, el Gobierno se ha comprometido a reducir cincuenta mil hectáreas de coca durante el presente año, mediante estrategias que van desde la entrega de subsidios hasta la erradicación manual y la fumigación terrestre. Iniciativa loable que parece insuficiente porque no se sabe con qué se fumigará y no incluye la aspersión aérea que tuvo resultados en el pasado, acompañada, claro está, con la actuación decidida de la Fuerza Pública.

Por ser esa amenaza, y debido a los efectos que tendrá en nuestras relaciones internacionales, Colombia no puede llamarse a engaños. Sin duda, ha sido importante el liderazgo de nuestro gobierno en las propuestas sobre cambio de enfoque en la política mundial de las drogas ilícitas. Pero ahora necesita una política contra el narcotráfico que sea sólida y efectiva para defender a nuestra Nación de un enemigo que conoce con suficiencia y sabe el daño que le está ocasionando.

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