Editorial

La otra protesta

Mayo 11, 2017 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Dentro del tenso ambiente que vive el país a causa de los paros de sindicatos conformados por maestros y profesores oficiales, de reclamos de los taxistas y de la protestas sociales en el Chocó y Buenaventura, la parálisis del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, debe llamar la atención. Allí se reflejan las fallas que afectan la prestación de un servicio público fundamental para cumplir la tarea de proteger a la sociedad y de resocializar a los infractores del derecho penal en Colombia.

El paro decretado por los sindicatos del Inpec significa que a partir de ayer no se recibirán más detenidos en las cárceles del país y, según sus promotores, se origina en el incumplimiento del Gobierno en la creación de cuatro mil nuevos cargos de guardas para atender los servicios que deben prestar los sobrepoblados lugares de reclusión. Es de nuevo el incumplimiento de compromisos adquiridos, la misma causa que desencadenó la protesta del Chocó, y la que alegan los afiliados de Fecode para paralizar la educación de ocho millones de niños y jóvenes.

Sin embargo, en este caso no se trata de reivindicaciones laborales o de la búsqueda de prebendas a través de la presión que afecta derechos fundamentales de la sociedad. Lo que se percibe de las informaciones conocidas hasta ahora es la protuberante necesidad de ampliar la nómina para atender la población carcelaria, aumentada en proporciones asombrosas, ya sea por el incremento de los delitos, por la efectividad de las autoridades y jueces en capturar a sospechosos y condenados o por la demora en resolver la situación de los detenidos.

En razón a esa realidad, los sindicatos del Inpec solicitan cuatro mil nuevos guardas para evitar los peligros que genera la escasez de esos funcionarios en la seguridad y el bienestar en las cárceles donde se producen hacinamientos que en casos como el de la cárcel de Villahermosa de Cali llega al 260% y cada mes recibe 300 internos más. También, de poder prestar servicios tan elementales y a la vez tan necesarios como el desplazamiento de los internos a las diligencias judiciales que resuelvan su situación jurídica o a los centros hospitalarios para sus problemas de salud.

A raíz de esta protesta, el recién posesionado Ministro de Justicia la califica como “actitud extorsiva”, y destaca el compromiso del Ministerio de Hacienda “para que en un plazo de dos o tres años empiece a darse un incremento progresivo de la planta de personal, tal como fue acordado en un pacto de 2015”. Si bien puede tomarse como la atención al problema, hay que preguntar si es la respuesta adecuada al compromiso y a la necesidad que tienen los internos de que sus requerimientos y derechos sean escuchados como corresponde.

La posición de los sindicatos del Inpec es una presión mediante las vías de hecho que obstaculizan el cumplimiento de los fines del Estado. Pero debe tenerse en cuenta que atenderla es solucionar un problema causado por la improvisación con la cual se maneja un asunto, la política carcelaria, del cual dependen los derechos de los detenidos y la tranquilidad de la sociedad.

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