editorial

La pesadilla de las regalías

Pese a los controles que se establecieron en las leyes que les dieron vida, a las múltiples instancias que se crearon para garantizar su ejecución, y a la existencia de los recursos, las regalías que se distribuyeron entre los entes territoriales siguen siendo un dolor de cabeza. Hoy, más de tres billones de pesos están en riesgo de convertirse en una nueva frustración para los colombianos.

La preocupación fue expresada por Planeación Nacional, la entidad encargada de coordinar los proyectos, de hacer cumplir los trámites y de vigilar tanto los desembolsos como la ejecución de los miles de proyectos que presentaron departamentos y municipios de todo el país. Fue la “mermelada que se esparciría por todo el territorio nacional”, según la definición del entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

Las regalías de las cuales se habla hoy fueron el producto de la bonanza petrolera y de las leyes que cambiaron el manejo de esos recursos, permitiendo en teoría que se irrigaran por todo el territorio nacional. Mediante esa reforma se repartieron alrededor de treinta billones de pesos, a pesar de que se establecieron requisitos y controles que en su momento fueron considerados como el ejercicio de un centralismo que dejaba en manos de las autoridades nacionales la definición de los proyectos a ejecutar.

Hoy puede decirse que esos limitantes tuvieron razón de existir, si se miran los casos fallidos en todo el territorio nacional, donde la mezcla de decisiones clientelistas y corrupción hicieron naufragar las iniciativas, cuando no fueron presas del desfalco, como ocurrió con varios programas de vivienda en los municipios del Valle, de ingrata recordación. Más aún cuando se sabe que 382 proyectos por valor de 3,3 billones de pesos aún están vivos y atraviesan momentos de incertidumbre cuando no son ya fracasos declarados.

Así lo informó el Director de Planeación Nacional, afirmando que están en estado crítico, ya sea por “retrasos injustificados, deficiencias e insuficiencias técnicas o falta de funcionalidad o sostenibilidad”. Son obras que se desparramaron por todo el país, muchas de las cuales carecen de control y veedurías oportunas a pesar de las exigencias que se hacían desde Bogotá, y de las advertencias que aún hoy parecen encontrar oídos sordos en las entidades ejecutoras.

Para dar ejemplos prácticos de ese lamentable desperdicio están el llamado Acuaparque de Buenaventura o el proyecto de un muelle turístico inútil en la represa de Calima. Esos proyectos, y con ellos miles de millones de pesos destinados a atender las soluciones que demandan los vallecaucanos, parecen destinados a sufrir el descalabro que ocasiona la irresponsabilidad en la gestión de recursos que fueron mal planeados y ejecutados.

Peor aún, sus promotores y quienes debían responder por su correcta realización, aún no responden por el fracaso y el despilfarro consecuente. Es en ese momento cuando se explican la desconfianza y la exigencia de la Nación con respecto a la ejecución de recursos que deberían destinarse a solucionar las necesidades de la provincia colombiana.

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