Editorial

Las fauces del centralismo

Mayo 14, 2017 - 07:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

La descentralización y los intentos por concentrar en el Gobierno Nacional el manejo de los recursos públicos vuelve a la primera fila de las preocupaciones nacionales. Con ello se revive la eterna inquietud sobre las facultades de las regiones y municipios para resolver sus problemas y el interés por mantener el control de la administración en el gobierno central.

“Centralización política y descentralización administrativa” fue la frase que resumió la filosofía con la cual se definió la consitución de 1886. Fue la respuesta al desorden que creó la federalización de Colombia y la debilidad que significaba para el Estado y para la construcción de una sola Nación con objetivos y principios precisos.

Ese principio ha guiado todas las reformas aplicadas desde entonces, incluida la Constitución de 1991. Sin embargo, la práctica ha sido muy distinta en cuanto a la desconcentración del manejo de los recursos y la facultad para administrar muchos de los asuntos que deberían corresponder a las instituciones más cercanas al ciudadano y a su problemas cotidianos.

Por eso, la Constitución Nacional aún tiene un capítulo sin desarrollar. Y más grave aún, las decisiones se toman siempre en Bogotá, traslandándoles más obligaciones a los departamentos y municipios, mientras no se les entregan los presupuestos suficientes para atenderlos.

Así, gobernadores y alcaldes no participan en decisiones en las cuales tampoco se tiene en cuenta a los Representantes a la Cámara que deben representar a la provincia, pero los departamentos y municipios deben aplicar esas decisiones. También es frecuente la presentación de iniciativas para reformar el destino y el manejo de las transferencias o, como está sucediendo ahora, el cambio de destino de las regalías y la entrega al Gobierno Central de la facultad para disponer de ellas.
Como era de esperar, los gobernadores protestaron por el afán de centralizar el manejo de las regalías que serían destinados a la construcción de vías en las zonas rurales y por los intentos de disaponer de los recursos de corporaciones regionales como la CVC. Su reclamo se extiende a la ausencia de comunicación y de participación en asuntos tan importantes como la ejecución de los programas para el llamado posconflicto, que tendrán lugar en los territorios nacionales.

Eso se llama centralismo, y en instancias del Gobierno Nacional y de las entidades de control se justifica por la amenaza de la corrupción y el clientelismo que sin duda, afecta a la provincia colombiana. Con ello se da a entender que las regiones no tienen la suficiente capacidad para administrar sus recursos y que es en el capital de la república donde reside el rigor para impedir el despilfarro y la capacidad para ejecutar los presupuestos.

Y se propone usar el fast track para tomar esas decisiones, lo que debe preocupar aún más puesto que con ello se alterará la esencia de la administración pública sin que el asunto tenga relación directa con la solución del conflicto con las Farc. De nuevo, es el afán por imponer desde el centro lo que necesita la región colombiana, lo que debilita al Estado y lo aleja del ciudadano.

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