Editorial

Los efectos y las causas

Marzo 13, 2017 - 11:30 p.m. Por: Editorial .

La semana pasada se produjeron desplazamientos de campesinos en el Alto Baudó, Chocó, ocasionados por posibles enfrentamientos de grupos armados. Si bien la reacción del Ejército parece haber conseguido devolver la tranquilidad por ahora, los habitantes sienten el temor de lo que ocurrirá cuando esa protección desaparezca.

Como ha sido destacado, el drama de los desplazamientos humanos vuelve a hacer presencia en un territorio martirizado como pocos y necesitado de soluciones. Son centenares de personas que deben abandonar sus tierras para salir del fuego cruzado que en este caso se produce por la confrontación entre dos grupos armados, el ELN y otro que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas por lo que parece ser una disputa por el control de ese territorio.

Para poder entender lo que sucede en esa apartada zona, es necesario precisar si hay algo de contenido ideológico, político o de reivindicación social en esa confrontación. Todo parece indicar que lo que existe es el interés por controlar una ruta para sacar las drogas ilícitas e ingresar armas y suministros necesarios para mantener el narcotráfico. Además está la posibilidad de establecer cultivos ilícitos, y de explotar la minería ilegal en un territorio de reconocida riqueza en oro y platino.

Esos son las causas y los efectos de lo que sucede en el Alto Baudó, frente a lo cual el Estado tiene grandes dificultades para ejercer la autoridad. Por eso debe esperarse a que, como está sucediendo en casi todo el litoral Pacífico, las tropas del Ejército y de la Armada realicen los movimientos cuidadosos para llegar a donde están las comunidades. Mientras tanto, el desplazamiento ocurre y sólo queda esperar a que no suceda una tragedia como la de Bojayá, producida por las mismas razones, el control de las comunidades para imponer después la hegemonía del crimen organizado.

Se pregunta qué puede hacer el Estado para imponer la autoridad que evite los dramas de los habitantes de esos parajes, antes remansos de paz y hoy escenarios de guerra. Aunque la palabra la tienen las autoridades, ya no se puede dudar que la solución empieza por combatir con decisión las causas de esas desgracias que parecían desterradas de la actualidad nacional.

En otros términos, si se quiere recuperar al Chocó se debe enfrentar a los grupos que han impuesto allí el terror para su enriquecimiento, y acabar con la minería ilegal que destruye miles de hectáreas de selva y kilómetros de ríos para extraerles hasta la última pepa de oro. Esa es la respuesta que debe dársele a la criminalidad que tiene a los chocoanos como rehenes y a gran parte del Litoral como teatro de una guerra por la riqueza y el control del narcotráfico.

Por supuesto, todo ello debe ser objeto de cuidados extremos para evitar que las verdaderas víctimas, los miembros de las comunidades, terminen pagando los daños que ocasionan las organizaciones criminales. Pero debe quedar claro que el Estado no va a continuar negociando el ejercicio de la autoridad y la protección a los ciudadanos que necesitan de su amparo.

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