editorial

Una tarea pendiente

El reclutamiento de menores de edad es una de las peores facetas de los conflictos que ha vivido Colombia en más de medio siglo. También es un ejemplo del daño que ha ocasionado la ausencia del Estado en su obligación de proteger a la sociedad colombiana de esos crímenes.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1960 y 2016 se registraron 16.879 casos. Si bien la guerrilla de las Farc fue el mayor reclutador con el 54%, seguido por el paramilitarismo con el 27%, también han participado el ELN, el narcotráfico, las bandas criminales y la delincuencia común. Todas organizaciones ilegales que continúan recurriendo a esa práctica, con la cual violan los derechos más elementales de los menores de edad.

Con razón, ese reclutamiento es considerado como una transgresión al Derecho Internacional Humanitario. Mediante esa práctica se aprovechan de la incapacidad de los menores para negarse a ella, y en muchas ocasiones de la necesidad de sus padres de defender sus vidas o de encontrar un sustento para sus familias.

Y existe una razón de gran peso. Es la falta de oportunidades que se traduce en miles de familias dedicadas al rebusque para conseguir su subsistencia. En ellas, los niños y niñas terminan siendo una especie de bien que se entrega a quienes tienen el control de los grupos de violencia, o los explotan en las calles, negándoles el derecho a la educación y a una formación que los haga personas de bien y no objetos que se transan como mercancías o sujetos dispuestos a cometer los crímenes más aterradores.

Ahora hay que preguntar cómo se evitará que ello siga sucediendo y qué se va a hacer para resarcir a quienes fueron obligados a ingresar desde su más temprana edad a la criminalidad en todas sus formas. La respuesta no puede ser otra que asumir el deber de ofrecerles garantías mínimas para evitar el abuso de involucrarlos en la delincuencia o de permitir la violación de sus derechos humanos y de su dignidad.

La historia de los últimos cincuenta años nos ha enseñado el error en que caemos al no proteger a los niños y los jóvenes. Y al tratar de ignorar la tragedia que impulsan quienes pretenden cubrir con ellos la impunidad de los crímenes que cometen.

Colombia tiene el deber de proteger a su población más joven, que a la vez es la más vulnerable. Aunque se ha dicho en innumerables oportunidades, en ese propósito está la diferencia entre tener una sociedad en la cual la vida y la convivencia son valores fundamentales, y aquella en la que, como nos sucede hoy, debemos registrar estadísticas tan terribles y vergonzosa como las reveladas por el Centro de Memoria Histórica.

Es hora entonces de hacer una declaración de principios para evitar que se continúe abusando de los menores de edad y se siga involucrando en la guerra y en la comisión de delitos a quienes aún no han alcanzado su mayoría de edad. Y de tomar las decisiones necesarias para obligar al Estado a que cumpla su obligación de proteger el futuro de nuestra sociedad de los peligros y tragedias que nos despiertan a diario, porque no hemos sido capaces de tomar los correctivos oportunos.

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