editorial

Violaciones inaceptables

Desconociendo los compromisos que adquirieron con la firma del cese bilateral del fuego, integrantes del ELN asesinaron al líder indígena Aulio Isaramá en el Alto Baudó, municipio de Chocó. Además, continúan cometiendo secuestros, extorsiones y siguen incidiendo de manera importante en las actividades del narcotráfico en muchas partes del país.

Lo del asesinato del líder indígena fue un acto de una atrocidad manifiesta. Isaramá reclamó siempre por los derechos del resguardo indígena Catru Dubaza Ancoso del cual era su gobernador, pisoteado de manera continua por quienes desde el ELN controlan los cultivos ilícitos. Por ello fue secuestrado, acusado de ser informante de la Fuerza Pública, amarrado y luego fusilado, algo que ha sido reconocido por voceros de ese grupo en la mesa de negociación que funciona en Ecuador, de la cual salió el acuerdo para suspender acciones bélicas tanto de parte de la Fuerza Pública como del grupo guerrillero.

Pero las cosas no paran ahí. Se sabe que en el Valle hay por lo menos dos personas secuestradas en manos de sus integrantes y se conoce su vinculación en hechos sangrientos y ataques contra la población civil en el sur del departamento y en el norte del Cauca. Son hechos públicos y notorios que se suman a las denuncias sobre su activa participación en los actos criminales que a diario se presentan en la zona del Catatumbo y en la frontera de esa región con Venezuela.

El incumplimiento flagrante y descarado del compromiso afecta de manera grave las conversaciones que con paciencia infinita mantiene el Gobierno Nacional, apoyado por Ecuador y otros países. Pero, además, es una inaceptable violación de los Derechos Humanos del Gobernador indígena y de su comunidad. Fue un asesinato vil, aprovechando la indefensión de su víctima y cometido por el interés de mantener el control de los cultivos ilícitos y el narcotráfico que circula por allí.

Antes de producirse el reconocimiento de su responsabilidad en el asesinato del gobernador Isaramá, el presidente Juan Manuel Santos había dicho que de comprobarse tal hecho sería “una violación del cese el fuego”. Y producido ese reconocimiento, en un comunicado publicado ayer dice el Alto Comisionado para la Paz: “Según lo previsto en los protocolos que rigen el cese al fuego, la Mesa Pública de Conversaciones evaluará los incidentes graves como este, previo informe del Mecanismo de Veeduría y Verificación”.

Son dos puntos de vista que deben ser armonizados para evitar interpretaciones que perjudiquen el diálogo con el ELN. Mal harían las autoridades en tratar de restarle importancia a actuaciones que van en contravía de los acuerdos alcanzados y que desconocen los derechos de los colombianos representados por el Gobierno Nacional en unas negociaciones aplazadas en múltiples ocasiones.

Y mientras tanto, es necesario exigirles a los negociadores del ELN que entreguen a los autores de los crímenes violatorios del cese el fuego firmado el pasado 4 de septiembre. Y que le den garantías al país sobre su compromiso con la negociación y con los acuerdos que adquieran a su desarrollo.

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