editorial

¿Y ahora qué?

Con sorpresa, los partidos conocieron las sanciones del Consejo Nacional Electoral a cuatro de ellos que inscribieron candidatos que no cumplían con los requisitos o se encontraban inhabilitados. Las consecuencias las sentirá la de por sí golpeada representación popular que debe ejercer el control político a las administraciones de los departamento y los municipios.

Según el CNE, el caso se origina en la inscripción de “personas incursas en causales de inhabilidad objetivas, derivadas de sanciones de naturaleza administrativa, fiscal o penal”. Como consecuencia, los partidos Liberal, Conservador, de la U y Opción Ciudadana, no podrán inscribir candidatos a las próximas elecciones en las circunscripciones, es decir departamentos y municipios en los cuales se produjeron esas irregularidades.

Así, los partidos con mayor cauda de electores pueden quedar sin representación en los cuerpos colegiados y en los cargos de elección popular si no prosperan sus apelaciones y si la Justicia confirma la medida del organismo rector de las elecciones. Lo cual se suma a las sanciones impuestas con anterioridad y por el mismo motivo a los partidos Alianza Verde, Unión Patriótica y el Movimiento Alternativa Social Indígena, y puede llegar a Cambio Radical, Centro Democrático Polo Alternativo Democrático y Mira.

Lo ocurrido no puede ser más paradójico, en la medida en que la entidad que impone las sanciones tiene origen en los partidos, y las normas sobre las cuales se basan las decisiones son expedidas por un Congreso constituido por esas mismas colectividades. Es decir, las organizaciones que se supone conocen al detalle las leyes electorales y las consecuencias que tiene su incumplimiento, están expuestos a desaparecer a causa del desconocimiento de las reglas aprobadas por ellos.

El asunto también desnuda una verdad muchas veces denunciada, la cual no ha sido atendida como corresponde. Es que los partidos han perdido su esencia como organizaciones que encausan la voluntad popular para pasar a ser apenas agencias de inscripción de candidatos. Por ello no hay cuidado en la vigilancia de requisitos como la existencia de antecedentes y sanciones que anulan los resultados en caso de que beneficien a los inscritos que incurran en esas causales y generan la sanción que aplica el CNE.

Por supuesto, los directivos de los partidos sancionados tendrán la oportunidad de demostrar que cumplieron los procedimientos exigidos por las normas electorales y de paso la inocencia de sus candidatos a los cuales les aparecen las inhabilidades. Pero en vez de considerar esas faltas como leves o de pedir amnistías para unas conductas irregulares, deben asumir la responsabilidad que les corresponde en una situación que puede cambiar en forma radical la política en Colombia.

Lo que está ocurriendo es un argumento más para exigir una reforma política seria y profunda que limpie esa actividad de las malas costumbres y el clientelismo que contaminan lo que es la base de la democracia. Ya no es momento para paños de agua tibia o cambios apresurados como los que se tramitan ahora mismo en el Congreso.

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