¿Funcionará el proyecto de pagar a quienes denuncien corrupción?
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El proyecto busca pagar recompensas a quienes delaten actos corruptos. Critican que se tramite por ‘fast track’.

¿Funcionará el proyecto de pagar a quienes denuncien corrupción?

Marzo 03, 2017 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País
Marcha contra la corrupción  1

Imagen de archivo.

Fotografía de José Luis Guzmán | El País

Un proyecto de ley para dar recompensas de hasta $184 millones (250 SMLV) a quienes denuncien actos de corrupción tramitará el Gobierno para poner freno a este delito que golpea la administración pública y evitar el desgreño de recursos.

La propuesta es de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en cabeza de Camilo Alberto Enciso Vargas, incluye brindar protección a quienes se atrevan a denunciar la corrupción.

La reglamentación del sistema de recompensas se haría en un plazo de seis meses por el Gobierno, según la “oportunidad y relevancia de la información” y su disposición para declarar en las investigaciones.
La iniciativa levantó críticas, entre ellas por qué la ley no excluye taxativamente del pago de recompensa a los involucrados en el hecho de corrupción.

El proyecto implementaría un programa de protección de testigos, similar al de la Fiscalía, y captaría las delaciones en una ventanilla única de denuncias, a cargo de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Incluría además, una línea telefónica y una página web que garanticen el anonimato y la confidencialidad de las informaciones.

Otro punto polémico es que el proyecto se tramitaría vía ‘fast track’, es decir, sin pasar todos los debates en el Congreso, en el contexto de que los acuerdos de paz urgen desarrollar mecanismos de control social en la gestión de recursos públicos y fortalecer la transparencia en la administración pública. Otra opción es elevarlo a decreto de ley con las facultades especiales que tiene el Presidente para cumplir con los acuerdos de La Habana.

“Corruptos sacan más votos tras escándalos”: Héctor Riveros
Héctor Riveros

Héctor Riveros, abogado de la Universidad Externado de Colombia. Docente, analista político, consultor, dirige el Instituto de Pensamiento Liberal.

Elpaís.com.co / Colprensa

Héctor Riveros, abogado de la Universidad Externado de Colombia, responde las preguntas de El País sobre la propuesta anti-corrupción:

Pagar hasta 250 SMLV a quien denuncie actos de corrupción, ¿es la solución para combatir este delito? Es decir, ¿a los problemas de malos manejos de recursos económicos, se les pretende combatir también con dinero?

Un proyecto como el de recompensas no cambia nada con relación a la corrupción. Obviamente que ayuda un poco, pero no cambia las circunstancias. El problema no está allí, no está en que la gente delate o no, sino en que el sistema no funciona. Puede que castiguen a algunos más, pero eso no quiere decir que disminuya la corrupción ni nada, simplemente meten más gente a la cárcel, pero no pasa nada.

¿Qué tanta viabilidad tiene el proyecto de que sea realmente eficaz?

El problema de la lucha contra la corrupción no es un problema de aumentar la eficacia contra la penalidad, porque se pueden aumentar las penas, mejorar el sistema judicial y logra castigar a los corruptos, pero no cambia la estructura del sistema político, que es en mi opinión, el problema fundamental.

Entonces, ¿qué se debe hacer?

Hay que trabajar en dos cosas: uno, crear una cultura ciudadana. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme, porque la mejor manera de acabar con la cultura política, es que los ciudadanos castiguemos a los corruptos en las elecciones. Pero muchas veces, los corruptos o sus familiares, obtienen más votos después de que los condenan o están involucrados en un escándalo de corrupción; pareciera que eso es una propaganda positiva. Mientras el comportamiento de los ciudadanos no cambie, es absolutamente imposible avanzar.

En segundo lugar, me parece que un elemento esencial si se quiere disminuir los riesgos de la corrupción política, es eliminar el sistema de voto preferente y establecer un sistema de listas cerradas.

¿Se puede prestar esta nueva ley para formar carteles de falsas denuncias? ¿Cómo lo blindarán para que no se incurra en el lío del cartel de los falsos testigos de la Fiscalía?

El sistema tiene riesgos, pero también tiene beneficios. Lo que pasa es que cuando uno oye hablar al Secretario de Transparencia (Camilo Enciso), sobre utilizar el sistema en casos de corrupción, por ejemplo, cuando un contratista se pone de acuerdo con otro para salirse de la competencia y dejarle el camino abierto, uno encuentra que eso ya existe en la legislación colombiana. Eso no es ninguna novedad, en la Superintendencia de Industria y Comercio, de hecho, las más grandes multas en la historia del país se han impuesto por ese tema y a personas que han participado en delitos, pero que después han decidido delatar a sus cómplices.

Por ejemplo, en el caso de Odebrecht y el Río Magdalena, Odebrecht está denunciando ante la Superintendencia una adjudicación indebida porque no les dieron a ellos el contrato, cuando según ellos, lo merecían por razones de peso y legales.

¿Por qué debe ir esta propuesta por ‘fast track’? ¿Aplica para todo ahora en adelante tramitar todo por esa vía?

No estoy de acuerdo con que esa propuesta se tramite por la vía de ‘fast track’, me parece que hay que ser muy rigurosos en la interpretación del ‘fast track’ que debe limitarse exclusivamente a lo que esté involucrado al cumplimiento de los acuerdos, y que si bien en ellos se menciona en varias partes la lucha contra la corrupción, hay mucha de esa lucha que está ligada al narcotráfico por ejemplo y no se refiere a la contratación pública. Me parece que este Gobierno comete un gran error tratando de tomar un atajo, que después claramente la Corte Constitucional le va a declarar inconstitucional.

“El proyecto no da beneficios a corruptos”: Susana Correa
Susana Correa

Susana Correa, ingeniera industrial de la Javeriana Bogotá, especialista en Adm. de Negocios (Harvard), diplomado Alta Gerencia MIT. Senadora Centro Democrático.

Elpaís.com.co / Colprensa

Susana Correa, Senadora Centro Democrático, responde las preguntas de El País sobre la propuesta anti-corrupción:

Pagar hasta 250 SMLV ($184 millones) a quien denuncie actos de corrupción, ¿es la solución para combatir este delito? A los problemas de malos manejos de recursos económicos, ¿se les pretende combatir también con dinero?

Hay que partir de la base que este proyecto de ley, de autoría del Centro Democrático, no ha salido como el conejo debajo del sombrero. Este proyecto es fruto de un estudio minucioso de la problemática de la corrupción, está sustentado en estudios del FMI, catedráticos expertos en temas de corrupción como Robert Klitgaard, informes de Transparencia Internacional, y está demostrado que otorgar incentivos a quien denuncie actos de corrupción, evita en algún porcentaje dichos actos, cohibe al delincuente; por eso nos parece una buena herramienta ofrecer incentivos.

Sin embargo, hay que aclarar que el Artículo 11 del proyecto de ley aún no habla de 250 SMLV. Esa tarea le corresponde reglamentarla al Gobierno, una vez el proyecto se convierta en Ley de la República. Cabe agregar que hay otras figuras novedosas en el proyecto, como la sanción social al corrupto.

¿Qué tanta viabilidad tiene el proyecto de que sea realmente eficaz?

El Centro Democrático es una bancada seria y fuerte, el proyecto de ley es serio, necesario, coherente y articulado con la actual legislación anticorrupción que tiene el país. La viabilidad del proyecto la vamos a respaldar con la recolección de firmas, el pueblo está cansado de lo mismo, con su firma apoyará la iniciativa y ese mensaje popular debe escucharlo el Congreso sin poner resistencia a su aprobación.

El proyecto significa que a los entes de control (Contraloría, Procuraduría y a la Secretaría de Transparencia) les quedó grande la tarea de erradicar la corrupción?

Lo que demuestra es que Colombia tiene una debilidad en las instituciones muy grande, precisamente por la corrupción a todo nivel. La Procuraduría y la Contraloría deben seguir ejerciendo sus funciones, tienes todas las herramientas para hacerlo. Colombia tiene 9 leyes y tratados internacionales contra la corrupción, es decir, hay herramientas. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí, hay que tener voluntad política, honrar la ley, sancionar al corrupto y beneficiar al denunciante... este proyecto apunta a eso.

¿Se puede prestar la nueva ley para formar carteles de falsas denuncias? ¿Cómo lo blindarán para que no se incurra en el cartel de los falsos testigos, como pasó en la Fiscalía?

En Colombia ha hecho carrera eso de “hecha la ley, hecha la trampa”, por eso esperamos que esto no suceda y no se creen tales carteles. Debe servirnos de experiencia todo lo que se ha descubierto de los carteles de falsos testigos, que tanto daño ha hecho a la sociedad y a la justicia; esto también es corrupción.

¿Por qué debe tramitar esta propuesta por ‘fast track’? ¿Aplica para todo ahora esta vía?

Debemos ser coherentes, nunca hemos estado de acuerdo con el ‘fast track’; este proyecto de ley debe someterse a las sanas reglas de la Ley 5a. y debe surtir su trámite normal en el Congreso, sin conejos!

¿Por qué se excluye de sanción al que denuncie, así haya estado involucrado en el mismo hecho?

El proyecto de ley no contempla beneficios para el corrupto; los beneficios son para quien denuncie, sin estar involucrado en los actos que denuncia. Es entendible que quien denuncie actos de corrupción en el que está involucrado, también será sancionado, ojo y con la advertencia de que en este proyecto se eliminan muchos beneficios y subrogados penales”.

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