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OEA advierte que grupos ilegales amenazan la paz

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) valoró el tránsito de las Farc de la guerrilla hacia la sociedad civil y la participación política, pero alertó de la inseguridad persistente en el ámbito rural.

El vigésimo tercer informe de la Misión, presentado ayer ante el Consejo permanente de la OEA, también saluda los avances con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el cese bilateral del fuego, así como los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano para combatir esos grupos armados.

En concreto, se centra en las medidas empleadas por el Ejecutivo: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Élite de la Policía Nacional y de la Fiscalía Especial, además de las estrategias policiales y militares.

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Las amenazas para la seguridad, que según el informe se concentran en el entorno rural, se deben a las disputas de grupos ilegales por economías ilícitas y por territorios abandonados por las Farc tras el desarme.

Esta situación, según el documento, está provocando “graves afectaciones a la población civil”, especialmente en el entorno rural.

El informe de la Misión detalla que los colombianos, sobre todo campesinos, indígenas y afrodescendientes, sufren extorsiones, confinamiento, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento de menores de edad, entre otros hechos.

El jefe de la MAPP-OEA, Roberto Menéndez, expresó durante la exposición del documento en la sede de la OEA en Washington, preocupación por “los asesinatos selectivos y amenazas contra líderes sociales, comunales y étnicos. También precisó su rechazo a estas condiciones y advirtió que la desmovilizada Farc y sus familias “no están exentos”.

Menéndez reclamó que se refuerce la seguridad para “reducir los impactos humanitarios”, además de investigar y “castigar” los crímenes con objeto de seguir implementando los acuerdos de paz, “prestando especial atención a las deudas en materia de reparación a víctimas y restitución de tierras”.

El informe es resultado de 960 misiones sobre el terreno en 500 poblaciones como parte de la supervisión de la MAPP-OEA, que lleva funcionando en Colombia desde 2004 y se prevé que siga haciéndolo hasta 2018 en las zonas más afectadas por los conflictos.

El representante Permanente de Colombia ante la OEA, Andrés González, dijo que “la MAPP/OEA ha hecho una contribución muy valiosa al proceso de reconciliación nacional”.

“Egoísmo alimenta reticencias a la paz”

La ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó ayer que las reticencias que aún persisten en el país al Acuerdo de Paz suscrito con las Farc se debe al egoísmo y subrayó que ese pacto ya trasciende las fronteras del mismo y supone una obligación ante la comunidad internacional.

Desde Nueva Delhi, donde ayer finalizó una visita oficial, la Canciller destacó el contraste que existe entre la percepción optimista que hay en el exterior sobre el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Gobierno colombiano y las Farc, y el rechazo que sigue encontrando en el país.
”Es bien difícil entender lo que pasa en Colombia después de 50 años de conflicto, 50 años en que nos matamos, en que no paraba de haber muertos”, afirmó.

“Yo creo que los colombianos somos muy egoístas, siempre he sentido que el colombiano nunca quiere que todos estemos como tranquilos y bien”, dijo tras lamentar que haya voces que, tras alcanzar el Acuerdo de Paz, cuestionen que a los miembros de las Farc se les dé tal o cuál cosa y que digan que no deberían tener derecho a nada.

Entre esos, la expedición del certificado de antecedentes, que es necesario para que los integrantes del partido Farc puedan inscribirse para hacer política.

Expectativa

Para hoy se espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

Esa es una de las decisiones más importantes de la Corte y sobre la cual hay expectativa, debido a la cantidad de temas que abarca la reforma y que son trascendentales para implementar la Paz.

Uno de los puntos cruciales es la participación política de las Farc. La ponencia del magistrado Luis Guerrero pide dejar la reforma tal y como está en lo esencial, es decir, que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará a los afectados para participar en política. No obstante, habría discusión sobre la forma cómo se podrían dar al mismo tiempo el ejercicio de un cargo con el cumplimiento de una sanción.

La Comisión de Política Criminal, Electoral y Seguimiento a los Delitos Electorales cree que la Corte debe dar claridad sobre asuntos claves para implementar la paz.

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