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Los botaderos de escombros, otro problema que desborda a Cali

La escombrera de La 50 está que se revienta. Que se derrumba. Que explota. Esas son las expresiones de quienes viven en los alrededores de esta montaña de residuos sólidos a la que ya no le cabe un escombro más.

Y menos le cabe el nombre de estación transitoria de disposición de residuos sólidos, como se le llama. Hace dos meses dejó de serlo y los escombros se van acumulando, porque no hay sitios autorizados para llevar los más de 500 metros cúbicos de desechos de construcciones y demoliciones que le entran a diario.

Al día ingresan por un estrecho camino, unos 180 vehículos, entre camionetas chanas que entregó el Municipio para la sustitución de vehículos de tracción animal, y carretilleros que aún siguen utilizando equinos para ello.

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Cada chana lleva en promedio, 1.2 metros cúbicos de escombros, aunque otras tienen capacidad para 1.6 metros cúbicos, que algunos transportadores sobrepasan a veces a 2 metros cúbicos. Ellos pagan entre $1000 y $3000 por el derecho a descargue, explica Uriel Fernando Ariza, presidente de la Asociación Mutual Ecoambiental, que agrupa a transportadores de escombros, de chanas y carretilleros.

Esa montaña de costales llenos de ladrillo y cemento demolido y otros restos de obra, es considerada un peligro potencial para las personas y vehículos que transitan por la Avenida Simón Bolívar o la Carrera 50, para los que viven en los alrededores, y hasta para el Canal Interceptor Sur, el que evacúa las aguas lluvias del sector y evita que se inunde.

La escombrera funciona de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a sábado. Allí, dos regadores, Harold Caicedo y Camilo Álvarez, ayudan a descargar el material y con palas lo van acomodando.

Pero hace dos meses desde allí no se evacúan residuos porque el sitio de disposición que operaba en Candelaria no está habilitado por la CVC, que le suspendió el permiso. Situación que tiene colapsada la estación de La 50. La última vez que se evacuó fue por una licitación a finales de 2017, cuando fueron retirados de allí 113.000 metros cúbicos de escombros.

“No tenemos a donde llevar los escombros y si no los recibimos, pues irán a parar a los humedales o a las zonas verdes”, enfatiza Uriel Fernando Ariza.

Rubén Olarte, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM), atribuyó la colmatación de la estación de La 50, a que Cali no cuenta con sitios autorizados para disposición de residuos de construcción y demolición, pero afirmó que la administración trabaja en la solución.

"Si logramos que se sancione a infractores por botar residuos en espacio público, no volverán a incurrir en esa práctica indebida; así pasó con el cinturón de seguridad",
Rubén Olarte,
director de UAESPM

“Hasta hoy no nos han mostrado un predio acreditado a la luz de la norma”, dice Olarte. Reconoció que debido a la acumulación de escombros han tenido que expandirse un poco más “a un área que no estaba prevista”, sobre la zona verde que bordea el Canal Interceptor Sur para evitar que se derrumbe.

La escombrera mide 70 metros de largo por 30 mts. de ancho, pero en estos meses ha crecido 70 mts. más de longitud, devorando parte de la zona verde sobre el Canal Interceptor Sur. Y ha subido 3 metros más de altura, hasta alcanzar el tamaño de una edificación de tres pisos.

El proyecto para la disposición de escombros, dijo el funcionario de la UAESPM, ya tiene el concepto de viabilidad de Planeación Municipal y el concepto técnico de la CVC. De acuerdo con Olarte, solo faltan unos aspectos jurídicos por definir, por parte de la administración municipal, de unos predios que son del Municipio, para que esa solución se ponga en funcionamiento.

“No es fácil resolver un problema que tiene 20 años de historia, pero estamos ad portas de una solución definitiva; trabajamos con todos los organismos del Municipio y estamos a una firma de lograrlo y tres días después empezaría a operar”, dijo.

Será un sitio donde se van a reutilizar los escombros para construir un parque de ocho hectáreas y ponerlo al servicio de la ciudad, añadió.

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Puntos críticos

Mientras tanto, Cali también se ha colmatado de pequeñas escombreras clandestinas en sitios no permitidos, no tan voluminosas como la de La 50, pero desperdigadas a lo largo y ancho de la ciudad.

Julián Valencia, funcionario de la UAESPM, dijo que la entidad tiene mapeado 300 puntos críticos, de los cuales 165 son de arrojo clandestino de escombros, a los cuales les llega después residuos ordinarios, que los convierte en foco de basuras.

María del Mar Moreno, capacitadora de la UAESPM para sensibilizar a la comunidad sobre la correcta disposición de residuos, explica que el problema de los puntos críticos es que se vuelven no solo foco de escombros y basuras, sino de conductas delictivas: allí se presentan homicidios, hurtos, consumo y expendio de estupefacientes y violaciones, entre otros problemas.

Los puntos críticos son los de recurrencia permanente, tanto de residuos sólidos, de construcción, como de residuos ordinarios, que confluyen como “resultado de la indisciplina en el comportamiento ciudadano”, lo define Rubén Olarte, director de la UAESPM.

Son personas, dice el funcionario, que de manera inapropiada y deliberada, depositan residuos en donde no corresponde, a veces por indolencia, o por evadir su obligación de pagar un servicio especial de recolección y transporte de residuos.

Olarte se refiere a gente que construye obras o hace adecuaciones en su casa y en vez de pagarle al transportador autorizado para que recoja sus residuos de remodelación, va y los bota en un espacio público, en un separador vial, y eso se va convirtiendo en un punto crítico.

O también comerciantes y empresarios que producen volúmenes superiores a los del residuo domiciliario, que no quieren pagar la tarifa que les corresponde como generadores de residuos de tipo comercial o industrial y prefieren pagarle a un habitante de calle para que los deposite en un sitio no autorizado. “Eso es lo que produce los puntos críticos en la ciudad”, insiste Olarte.

Sin embargo, Diego Benavides, jefe del grupo de Residuos Sólidos del Dagma, refiere que el gran problema lo forman los pequeños generadores de escombros, que hacen remodelaciones, ajustes o construcciones pequeñas, y no tienen dónde depositar los 550 metros cúbicos de residuos sólidos diarios que producen en Cali.

En ese sentido, aclara que los grandes generadores de escombros, de grandes proyectos públicos o privados, llevan los 1300 metros cúbicos de los residuos sólidos que generan, casi el triple de lo que producen los pequeños, a una escombrera ubicada en Villarrica, Cauca. “Si no tuviéramos ese sitio, ahí sí estaríamos de verdad colapsados”, dice Diego Benavides.

El funcionario del Dagma reconoce que en el Valle del Cauca no hay un sitio autorizado para la disposición final de escombros, lo que se convierte en un gran inconveniente para ejercer el control de los pequeños generadores.

“Todos los días hay un técnico en las calles haciendo control y diciéndoles a los ciudadanos que no pueden depositar los escombros en una zona verde, pero cuando nos preguntan dónde las botamos, como no tenemos la oferta para ello, les decimos que tienen que hacerlo bien, pagando un servicio a una empresa que les garantice que los van a llevar a sitios de disposición autorizada”, comenta Benavides.

Los puntos críticos los manejan de manera conjunta la UAESPM con los operadores. Ellos prestan el apoyo y recogen y la UAESPM también, al tiempo que la Secretaría de Cultura Ciudadana desplaza gestores culturales y el Dagma sus gestores ambientales, para sensibilizar a la comunidad y evitar que se sigan repitiendo los puntos críticos, explica Olarte.

Igual, se propicia la intervención de la Policía para que haga el control y evite que infractores hagan de nuevo depósito de esos residuos en los puntos críticos. “Es una intervención interinstitucional que donde falle uno solo, el punto crítico vuelve a surgir”, enfatiza Rubén Olarte, director de la UAESPM.

“Quisiéramos que en la Policía fueran más estrictos y rigurosos, más exigentes en sus actividades de control –insiste el funcionario–. Le hemos venido pidiendo a la Policía que intensifique sus operativos, pero, sobre todo, aparte de controlar y de prevenir, que sancione a la luz del nuevo Código de Policía”.

Roberto Herrera, presidente de la JAC del barrio Jorge Holguín Garcés, dice que hace dos años, con el apoyo de la Policía, se recuperó el corredor de la Calle 25 entre carreras 44 y 50 y “quedó una belleza”.
Mientras tuvo la vigilancia de los carabineros, el sitio permaneció limpio y en buen estado. Pero apenas se retiró la autoridad del sector, reaparecieron los escombros y los habitantes de calle, que son los que más botan.

Heiler Mosquera, gestor ambiental del Dagma, atribuye las escombreras callejeras en un 65 % a los de las carretas y habitantes de calle. “Ellos son los mayores impactadores en la ciudad, aprovechan los momentos en que todo está solo para arrojar escombros y basuras en espacio público”, dice. En opinión de Heiler, hay que crear conciencia en la ciudadanía para que no les paguen a ellos por botarlos. Y falta que la Policía revise las cámaras de seguridad, reconozca a los infractores y los sancione.

Focos

Comuna 21: es la zona más afectada, con 16 puntos crónicos, 6 solo en el barrio Decepaz, y los demás en Talanga, Compartir, Calimío, Potrerogrande.

Le siguen la Comuna 14, con 11 sitios críticos, y Puertas del Sol, el barrio más impactado con varios focos. La Comuna 15, con 7 puntos, y Ciudad Córdoba como el barrio con más focos.

La Comuna 1 suma 8 puntos crónicos, con Terrón Colorado y el barrio Palermo, los más afectados.

Hay zonas como la Galería Santa Elena, en la Comuna 11
y El Calvario, en la Comuna 3, donde el impacto es alto.

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