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Revelan sobrecostos en alumbrado público de 703 municipios de Colombia

Revelan sobrecostos en alumbrado público de 703 municipios de Colombia

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, aseguró este lunes que hay falta de interventoría y control, sobrecostos en las tarifas de energía, mala calidad del servicio y ausencia de un plan adecuado de residuos en el servicio de alumbrado público a nivel municipal.

Esto se dio a conocer luego de haber realizado una evaluación de la política en la prestación del alumbrado público en todo Colombia.

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La evaluación, realizada a partir de información recolectada en 703 municipios, evidenció desórdenes que no solo afectan las finanzas de los municipios y distritos, sino también a la ciudadanía que no recibe un buen servicio, por lo que hicieron un llamado para que se realice una interventoría y hacer seguimiento a la prestación de este servicio.

El director del DNP, Luis Fernando Mejía, destacó que el 85 % de los municipios consultados confirmaron que no cuentan con un interventor para hacerle seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado, por lo que recomendó “hacer interventorías. La evaluación encontró que tener un interventor se asocia con mayores niveles de inversión, una mayor cobertura y una mayor iluminancia”.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio está relacionado con el tema de las tarifas, ya que algunos municipios y distritos pagan costos más altos del mercado regulado. Por ejemplo, el DNP encontró casos en los que un municipio asume gastos por administración, operación y mantenimiento por luminaria de 5559 pesos, mientras en otro el costo asciende a 1.511.067 pesos.

Bogotá, precisamente, es una de las ciudades donde se está pagando más del doble de la tarifa del mercado regulado, al registrar un sobrecosto de 104 %. Otras alcaldías que pagan tarifas más altas son Cáceres (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y la Zona Bananera (Magdalena).

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Una de las causas que se asocian a estos sobrecostos, según la evaluación de la entidad, son las malas negociaciones que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público. Por eso, el DNP propuso que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación y que la Contraloría haga una auditoria excepcional.

"Se debe establecer una regulación para no permitir abusos con las tarifas de la energía para alumbrado púbico, pero mientras eso pasa, los municipios que tienen sobrecostos deben renegociar los contratos y disminuir esos costos, porque esto afecta la eficiencia del gasto público", indicó Luis Fernando Mejía.

El DNP, luego de realizar su evaluación de política pública, resalta que en promedio el gasto de administración, operación y mantenimiento por luminaria es de 218.633 pesos, siendo la región de los Llanos la que registra el menor promedio con 78.389 pesos por bombilla y la región Caribe la mayor con 384.942 pesos.

Esta heterogeneidad en las tarifas de energía y costos de operación se debe en gran parte a la falta de control. Según los datos de la evaluación sólo el 19,4 % de los municipios visitados tiene sistemas de medición precisos para la verificación del suministro de energía.

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En el 26,9 % de los municipios no se verifica, en el 7,5 % se hace según los datos de la interventoría, en el 26,9 % se paga el suministro con información del cálculo realizado por el operador, en el 32,8 % según inventario del municipio y en el 38,8 % de los casos se paga según el inventario del comercializador.

Con respecto al tema ambiental, el estudio descubrió que el 55,1 % de los municipios encuestados no cuentan con un plan de manejo ambiental para la disposición de los bombillos.

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