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Ventas ambulantes no dejan espacio ni para caminar en el centro de Cali

Ventas ambulantes no dejan espacio ni para caminar en el centro de Cali

Diez meses después que Cali adoptara la Política Pública de Regulación y Organización de Ventas Informales en el Espacio Público, comerciantes advierten que se viene presentado un aumento masivo de personas dedicadas a estas actividades en las calles de la ciudad.

Jimmy Núñez, miembro del Sindicato de vendedores estacionarios y ambulantes de Cali, Sintraviecali, manifestó que están trabajando con la Administración Municipal en la implementación de la política, pero la llegada de los vendedores foráneos es un tema que no se ha contemplado.

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“En este momento tenemos más de 800 vendedores venezolanos, solo en el centro, y fuera de los que hay por todos lados en los semáforos y otros espacios… eso ha generado enfrentamientos, desorganización, más ocupación del espacio”, dijo Núñez.

El líder sindical manifestó que esta situación también se presenta en otras ciudades afectadas por la migración. “Tenemos que ser respetuosos de todos los seres humanos, no porque sean venezolanos quiere decir que no tienen derecho… el Estado debe asignar un programa para ayudar a esta gente”, precisó Núñez.

Carmen Hernández, quien llegó hace cuatro meses a Cali, desde Mérida (Venezuela), es una de esas vendedoras foráneas que encontró una oportunidad en las calles del centro: “deberían entendernos porque nosotros estamos pasando por una situación fuerte y pensar que estamos tratando de salir adelante y ayudar a nuestras familias”, dijo Carmen y añadió que no tiene la posibilidad de un trabajo formal porque no cuenta con el permiso especial de permanencia.

Según Núñez, se calcula que en Cali hay alrededor de 25.000 personas trabajando en el espacio público. En la primera etapa de implementación de la política pública se está realizando la caracterización de esta población, que terminaría en agosto.

“Sabemos que entre julio, agosto y septiembre comienzan los temas de capacitación y emprendimiento. La otra etapa de la política es comenzar la reorganización de los sectores donde están los vendedores”, afirmó Núñez.

Ventas callejeras en Cali

La Carrera 8 es otra de las vías con proliferación de ventas callejeras. En la Calle 14 y en las carreras 5 y 9 se presentan problemáticas similares.

José Luis Guzmán / El País

Política divide opinión

El vocero de Sintraviecali señaló que uno de los tropiezos que ha tenido la política pública de ventas informales es que hay organizaciones que no apoyan la implementación de esta herramienta y están invitando a los vendedores a no dejarse caracterizar.

“Se han dado a la tarea de desinformar a los vendedores diciéndoles que no se caractericen porque eso es para levantarlos del espacio público, pero es mentira, la caracterización se hizo para establecer cuántos somos, nivel de educación tenemos, nivel económico y así mismo podernos ayudar”, aseguró Núñez.

En efecto, Javier López, vocero de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Estacionarios y Semiestacionarios, Asovaes, manifestó que desde la presentación del proyecto de acuerdo un grupo de comerciantes informales no dio su visto bueno a la política, “porque no fue construida con la comunidad”.

“La caracterización que se está haciendo no es para identificar una población vulnerable y ayudarla, sino para generar un filtro económico que lo que hace es identificar unos vendedores, que si tienen una casa o viven en un estrato 4 o 5, así sea de arriendo, o de pronto un hijo o esposa lo tiene como beneficiario de una EPS, entonces luego lo que hace el gobierno es que le dice a ese vendedor que no puede ocupar el espacio público porque aparentemente no es población vulnerable”, explicó López.

El vocero de Asovaes añadió que la otra inquietud es que “si la persona pasa ese filtro económico y es población en una condición de mucha vulnerabilidad le dan un permiso a seis meses y lo ponen a firmar una serie de documentos donde el vendedor renuncia a presentar, incluso, una acción de tutela contra el Municipio”.

El concejal Carlos Pinilla, quien fue ponente de esta política pública indicó que la próxima semana citarán a la Administración Municipal para que informe los avances que ha tenido, pues “se suponía que al mes de diciembre ellos tenían un análisis de los espacios públicos para ir estableciendo dónde se pueden poner casetas, kioskos”.

“Eso tenían que hacerlo a diciembre y en el transcurso de este primer semestre tenían que estar definiendo los sitios para darle la posibilidad a la Policía de mantener organizado el espacio público, porque en este momento la Policía no puede ir a sacar a nadie porque no está establecido dónde está permitido o no una venta”.

¿Cuál es la realidad?

El gremio de Comerciantes del Centro, Grecocentro, señaló que las ventas callejeras siguen generando inconvenientes en el empresariado formal, pues sus locales y almacenes se ven obstruidos en sus ingresos, sin embargo, aseguran que esta inconformidad permanentemente es gestionada y atendida por los agentes de espacio público.

“Pronto esta reglamentación (la política pública) traerá un orden en beneficio del centro y de los comerciantes y vendedores ambulantes, que serán reubicados sin afectar sus trabajos”, dijo el gremio.

Asimismo, Grecocentro indicó que “se habla de un aumento de ventas ambulantes, sin embargo no hay cifras exactas de dicho incremento, debido a que la temporada escolar lo explica coyunturalmente. El centro, en sus distintas temporadas, conduce a un aumento cíclico que se minimiza en sus ciclos intermedios”.

Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, anunció que en agosto esperan tener lista la caracterización de los vendedores informales.

“Vamos llegando a 3000 caracterizaciones y en lo que tenemos no hemos visto un volumen desproporcionado de venezolanos, sí sabemos porque en los operativos hemos encontrados presencia de ellos, pero no podríamos decir que hay 800 o una cifra exacta”, expresó Jalil y añadió que en dicho censo se incluirá a todo aquel que se encuentre en el espacio público.

El funcionario añadió que con este proceso no se busca “atacar” a los vendedores, sino organizar los que hay. Y sobre las características de quienes pueden trabajar en el espacio público, Jalil aclaró:

“Lo que hemos buscado es acatar lo que ha establecido la Corte Constitucional, donde te dice que hay que tener prioridad con tres grupos específicos: madres cabeza de familia, discapacitados y tercera edad, en ese orden de ideas buscamos que aquellos que estén en el espacio público sean personas que realmente necesiten de ese trabajo, y no sean empleados de otras personas que han explotado el espacio público para su propio beneficio”, precisó Jalil.

La política pública

A través del Acuerdo 0424 del 2007, el 29 de septiembre del año pasado se adoptó la Política Pública de Regulación y Organización de Ventas Informales.

Dicho Acuerdo contiene 20 artículos, donde se plantean temas como la organización y registro de vendedores informales, carnetización, intervenciones en el mobiliario urbano, además de planes, proyectos y programas para implementar con esta población.

“Cuando terminemos la caracterización comienza el análisis de la información y esperaríamos para el próximo año tener unas reglas del juego claro para aquellos que están en el espacio público, acuérdese que la política pública es a diez años”, dijo Samir Jalil.

3000
permisos para ventas en el espacio público hay actualmente en la ciudad, según la Alcaldía.
​$1200
millones es la inversión que se está haciendo este año en la implementación de la política pública.

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