alberto valencia gutiérrez

El temor a la verdad

El próximo viernes 13 de julio comparecerán ante la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, 32 antiguos miembros de las Farc para ser informados de los hechos que se les imputan y comenzar a ser escuchados sobre su responsabilidad en presencia de las víctimas. Se trata de un acontecimiento inédito en el marco de lo que han sido los procesos de desmovilización de grupos armados en Colombia y América Latina. Desde la finalización de la Violencia (con mayúscula) de los años 1950 (que terminó en la más absoluta impunidad) es la primera vez que se apela a este tipo de procedimiento para el juzgamiento de los responsables, como forma de poner fin a un enfrentamiento armado. Ante un hecho insólito de esta naturaleza no cabe más que preguntar: ¿Por qué tantos sectores manifiestan temor frente a la puesta en marcha de este tipo de justicia transicional?

El verdadero origen de la resistencia se encuentra en que la JEP integró a su ámbito tres actores centrales del conflicto (guerrilleros, militares y civiles) y los comprometió a decir la verdad, como condición para obtener beneficios de penas benévolas, distintas a las que establece el código penal ordinario. Y lo que asusta a todo el mundo es que los que se acojan a esta modalidad comiencen a revelar secretos que para muchos pueden ser incómodos y comprometedores. Lo que está en juego aquí no es la impunidad, sino la verdad de lo sucedido, teniendo en cuenta que las responsabilidades del conflicto son múltiples.

Las Farc cometieron toda clase de horrores y le hicieron un inmenso daño a este país, no sólo por lo que hicieron sino por las reacciones que provocaron y los procesos sociales que obstaculizaron. Pero el hecho real y cierto es que no fueron las únicas responsables. El paramilitarismo, que comprometió a civiles y militares, fue en sus inicios una reacción contrasubversiva pero rápidamente se convirtió en un movimiento con fines propios, integrado con el narcotráfico y el acaparamiento de tierras mediante el uso del terror para el desplazamiento de poblaciones inocentes.

Las nuevas mayorías del Congreso, manejadas por el Centro Democrático, CD, han aceptado la aprobación de la reglamentación de la JEP, con la condición de que se establezca en un plazo de 18 meses una sala especial para juzgar a los militares bajo la idea de que hay que defender su dignidad. Pero esta es una medida que deja en el limbo a los propios militares. No es justo que los guerrilleros obtengan penas benévolas mientras los militares responsables de excesos pagan largas condenas. Ellos lo han entendido así y hay más de 1500 oficiales y suboficiales que se han acogido a la nueva jurisdicción y han obtenido la libertad. ¿Por qué entonces se crea la falsa idea de que se está luchando por la dignidad de los militares cuando lo que se está haciendo es perjudicándolos con una situación jurídica incierta?

Esto es una falacia para esconder la verdad que hay detrás: eludir la parte de responsabilidad en los horrores de la guerra. Las verdaderas intenciones del CD es que sólo se mire una cara de la moneda bajo el argumento implícito de que, aún en el caso de que se hayan cometido “errores”, el fin justificaba los medios. Pero, igualmente, detrás de tanto empeño en oponerse a la JEP se encuentra una estrategia de defensa cerrada de su líder contra el cual existen más de 230 procesos en marcha. Y frente a este objetivo no tiene mucha importancia que para los militares sea más conveniente lo que existe actualmente como justicia transicional. Tal vez el proceso de paz con las Farc nació muerto porque no incluyó en la negociación a todos los sectores comprometidos en la guerra.

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