antonio de roux

Para derrotar las invasiones

Los invasores profesionales asedian a Cali. Como resultado en la ciudad desde tiempo atrás y especialmente en la ladera, se pueden contar decenas de ‘asentamientos espontáneos’, que no son cosa distinta a ocupaciones criminales.

Los empresarios de las invasiones violan el derecho de los legítimos propietarios, arrasan el ambiente, depredan los servicios públicos y crean riesgos insalvables. El cerro de La Bandera por ejemplo, es como un gran queso gruyere plagado de huecos y socavones, situación que no permite la cimentación confiable de edificaciones. En otra invasión denominada La Fortuna los habitantes que no cuentan con solución sanitaria, dejan escurrir sus heces hasta el río Cali donde se integran al caudal del que se aprovisiona el acueducto.

Ahora bien, lo del cerro de La bandera presenta un elemento que no registraba antecedentes: la acción contó con la protección de matones armados. Pero a pesar de tal circunstancia se logró detener el despojo sin que se afectara la vida e integridad de las personas. Eso fue posible gracias al buen desempeño del equipo del municipio encabezado por el Alcalde y los secretarios de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano; Seguridad, Ximena Román, y la directora del Dagma, Claudia Buitrago. Como consecuencia el cerro está libre y judicializados cuarenta individuos.

El Municipio también actuó con energía y oportunidad para detener otro brote invasor en el sector de Pance. En este caso se hizo notorio el obrar diligente de Pablo Uribe, subsecretario de Convivencia y Seguridad
El episodio de La Bandera sirvió para que las autoridades locales dieran un paso fundamental en el propósito de acabar las invasiones. Me refiero a la creación de un grupo de reacción inmediata conformado por varias dependencias. Pueda ser que a esta iniciativa indispensable se asignen los recursos humanos y materiales requeridos, y se aprovechen experiencias positivas como la obtenida en el jarillón con respecto al control posterior de los territorios liberados.

Ahora bien, la realidad es que Cali presenta un déficit de suelo para la construcción de vivienda social estimado en unas ochocientas hectáreas. Este es asunto que debe encararse sin dilación y entraña la revisión de un POT ya insuficiente frente a las necesidades. Buena parte de aquella superficie está disponible en zonas de ladera hoy excluidas del perímetro, las cuales podrían incorporarse en la medida que se cuente con estabilidad de los terrenos y disposición de servicios.

Ciertos teóricos e idealistas se rasgan las vestiduras ante la idea mencionada. Esas personas defienden su punto con argumentos ambientales, paisajísticos y de costo en materia de servicios domiciliarios. Pero digámonos la verdad: al habilitar territorio en esa parte de la ciudad tan codiciada por los invasores, estaríamos abriendo paso para que los constructores respetables y el mismo Estado se vinculen a las soluciones, asestando un duro golpe a la tugurización y a la dilapidación del patrimonio público. Digo a la dilapidación porque cuando se producen asentamientos piratas al final la autoridad tiene que intervenir con grandes sobre costos, para arreglar lo que nació mal.

Bien por el alcalde en su tolerancia cero frente a los invasores. Ojalá su determinación se complemente con aquellas medidas inaplazables en materia de gestión y política urbana.

Sigue en Twitter @antoderoux

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