editorial

El desafío de la agricultura

Muchos sectores de la agricultura y la industria más importantes para Colombia están amenazados por factores que en algunos casos son comunes y en otros son consecuencia de decisiones de ingresar al país a las corrientes de integración y de apertura.

Dos ejemplos sirven para ilustrar el problema. Se trata del café y el azúcar y de elementos como la caída de su precio en los mercados internacionales. En el caso del café, alrededor de quinientas mil familias regadas en las cordilleras, y productoras del más suave y más reconocido del mundo, están sumidas en una crisis que se ha vuelto recurrente ante el exceso de oferta que aprovechan los especuladores para manipular los precios sin importar la calidad.

Tan grave es el asunto que muchos caficultores han preferido tumbar sus plantaciones, mientras la Federación Nacional acude al Gobierno para, como en las múltiples ocasiones anteriores, pedirle un apoyo que permita subsidiar a los productores y evitar así un drama social de incalculables consecuencias. Por supuesto, no faltan quienes reclamen por las ineficiencias en la industria y quienes pretenden acabar con el sistema solidario de la Federación que tanto beneficio le ha producido a Colombia, y dejar a los cafeteros a merced del mercado para conseguir utilidades.

El otro es el azúcar, también afectado por la caída en su precio. Pero la situación se complica al entender que ese producto es quizás el más subsidiado en los mercados internacionales pues los gobiernos de países del primer mundo entienden la agroindustria del azúcar como un asunto de seguridad y de tranquilidad social en los campos. Por eso entregan auxilios de tal tamaño que, como el etanol, hacen imposible competir incluso en el mercado interno de nuestro país.

El resultado no es sólo la amenaza que padecen decenas de ingenios y trapiches paneleros o miles de propietarios de tierra donde se siembra la caña. Son decenas de municipios, miles de pequeñas y medianas empresas y millones de personas los que de una u otra manera perciben ingresos de esa agroindustria. Y que, como ocurre con el café, con el arroz y otros productos agrícolas no pueden seguir padeciendo los vaivenes de unas políticas peligrosas para la estabilidad de la economía y para el tejido social de departamentos como el Valle.

Y no es un asunto de regresar a las épocas del proteccionismo a ultranza o de defender a unos pocos capitalistas y terratenientes. Pero tampoco puede ser una política que se trate con ingenuidad, abriendo los mercados para que los subsidios de países como los Estados Unidos hagan su agosto aprovechando el TLC, mientras a Colombia se le incrementan los aranceles a nuestros productos basados en el aluminio y el acero.

Esa es la encrucijada por la que atraviesan muchos sectores de la agricultura nacional, que deriva en la inseguridad del campo. Es el mensaje que debe interpretar el nuevo Gobierno, en un país cuyo enorme potencial agrícola no puede seguir expuesto a la ilegalidad y a una interpretación errónea de la globalización como instrumento para desarrollar la economía.

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