editorial

Gobierno y oposición

Sesenta años después de firmado el Frente Nacional que dio fin al enfrentamiento de los partidos existentes en la época, ayer entró en vigencia la ley que consagra el estatuto de la oposición, producto del acuerdo del Gobierno con las Farc. Aunque no debe considerarse como la solución perfecta, esa es una nueva demostración del interés por defender la democracia de los peligros que puedan convertirse en amenazas para su continuidad.

La evocación del Frente Nacional es pertinente en la medida en que fue una forma de cesar la confrontación que ocasionaba la pugna partidista con todas sus secuelas violentas. A partir de ese momento, los dos partidos que se disputaban el poder y venían de una lucha sectaria y absurda se pusieron de acuerdo para detener un conflicto sangriento y fratricida, mediante la negociación que permitía también ejercer la oposición de manera pacífica.

Tiempo después, y una vez terminado el Frente Nacional, la creación de un estatuto de oposición fue un reclamo constante del partido que perdía las elecciones y de los nuevos movimientos que surgieron como expresión de la voluntad popular. Fue un reclamo que nunca dio sus frutos, quizás porque las mayorías en el Legislativo, siempre aliadas del gobierno de turno, no consideraron necesario establecer un catálogo de mandatos para garantizar el derecho de las minorías con el cual se organizaba de paso la actividad política.

Hasta que el acuerdo con las Farc hizo pesar el compromiso del Gobierno en las decisiones de las mayorías con asiento en el Senado y la Cámara de Representantes. A partir de ahora, esa aspiración tiene una carta que crea derechos, fija obligaciones y lleva a organizar el ejercicio de la actividad política, lo que tendrá como consecuencia inevitable una reorganización del control político que deben ejercer los partidos a través del Congreso, de las asambleas y de los concejos.

Con el estatuto se acabará la costumbre perversa de negociar ese control político a cambio de la entrega de cargos y prebendas, una de las razones de la corrupción que hoy afecta al Estado. Además, se requerirá la expedición de un reglamento que defina cómo deben ser en adelante los partidos políticos para que tengan acceso a ventajas y bondades como el aumento en la financiación estatal, el derecho a réplica a los pronunciamientos de los gobiernos nacional, departamental y municipal y la presencia en la mesa directiva de los cuerpos colegiados de elección popular.

Es de esperar que se presenten críticas porque el estatuto fue resultado de un acuerdo con un grupo armado hoy en la legalidad. Y que se produzcan polémicas por lo que podrían ser vacíos, deficiencias y errores que parecen asomar en el estatuto de la oposición sancionado hace dos días por el Presidente de la República. Sin embargo, el país político debe saber que ya no hay marcha atrás en la aplicación del trascendental instrumento.

Por encima de ellas debe estar la voluntad de perfeccionar un instrumento que servirá para consolidar la confianza y la credibilidad en las instituciones, creando el límite que debe existir entre el gobierno y la oposición.

VER COMENTARIOS




Powered by