editorial

Heridas que no cierran

Para bien o para mal, el apellido Fujimori ha estado presente en la vida política de Perú en los últimos 30 años. La figura del patriarca del clan divide a los ciudadanos.

De un lado están sus miles de seguidores que lo apoyan y recuerdan su gestión porque ordenó la economía y derrotó el terrorismo de Sendero Luminoso. Al otro están sus contradictores que lo acusan de pretender perpetuarse en el poder y cometer violaciones a los derechos humanos.

Condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori recibió el indulto a finales del año pasado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynsky, cuando este atravesaba un periodo de debilidad política y necesita el apoyo de la bancada mayoritaria en el Congreso. Diez meses después de su liberación, la justicia de su país anuló el indulto y ha ordenado su regreso a prisión.

Como era de esperarse, esta decisión ha reabierto las heridas en el país vecino. El propio Fujimori imploró para que no lo condujeran de nuevo a la cárcel. “No me condenen a muerte, ya no doy más”, se escuchó decir a un debilitado hombre de 80 años que clama porque lo dejen tranquilo.

Esta decisión coincidió con la orden de detención contra su hija Keiko, líder de la oposición en el Congreso. La Fiscalía la acusa de formar una “organización criminal moderna” para recibir 1,2 millones de dólares de la constructora Odebrechet, que le permitió financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. La líder de Fuerza Popular respondió que se trata de una muestra más de la persecución política contra el fujimorismo en la que primero anularon de manera abusiva el indulto humanitario a su padre y ahora ella y otros miembros de su partido son detenidos.

Estos hechos aumentaron la presión sobre el presidente Vizcarra y provocaron una mayor polarización. Por eso muchos hoy se preguntan si no es hora de cerrar el capítulo Fujimori. Permitir que este hombre, sin querer soslayar los errores que cometió, pueda morir en paz.

El expresidente ya purgó una larga pena en la cárcel. Su historial político quedó mancillado por todas las acusaciones que ha recibido, pero parece que a sus enemigos políticos nada lo satisface. Aquí no ha habido las consideraciones que se tienen en otros casos. Se trata de un hombre mayor, con graves quebrantos de salud. Pero Alberto Fujimori se ha convertido para sus contradictores en un trofeo para mostrar. Es la justicia de la venganza política aplicada en su forma más cruel.

Ahora se abre un nuevo escenario de confrontación. Los congresistas de Fuerza Popular aprobaron una ley de ejecución humanitaria de la pena para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan tener arresto domiciliario. Sin duda se trata de una iniciativa que favorece al expresidente, pero también es una salida inteligente para zanjar la polémica abierta. Sin embargo, ya comenzaron las presiones sobre Vizcaya para que la objete.

Una sociedad dividida que no quiere cerrar la puerta al odio y tiene su política fracturada. De eso es lo que tiene que escapar el Perú de hoy.

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