editorial

La amenaza de los espías

Luego de descubierta la red de espionaje que operaba bajo la dirección de exintegrantes de la Fuerza Pública y una exfuncionaria de la Fiscalía General de la Nación, queda una sensación de intranquilidad y preocupación sobre la vulnerabilidad en que se desarrollan las actividades públicas y privadas. Por ello, es tan necesario que se descubra todo el entramado y, ante todo, que las autoridades hagan lo necesario para combatir esa nueva clase de delincuencia.

Lo que hasta ahora se ha dado a conocer indica que la trama se manejaba desde Nariño, el Valle y Bogotá por excoroneles del Ejército, e involucra una mujer retirada del órgano de investigación más importante del país. Así mismo, se ha vinculado a un exgeneral de la Policía, quien deberá rendir indagatoria por los nexos que tendrá una empresa en la cual se dice que tiene intereses.

También se ha revelado que los espías actuaban como mercenarios que vendían la información por dinero. Esa red ofrecía servicios para vulnerar las comunicaciones de empresas privadas y así afectar la competencia, para asuntos referentes a la política e incluso para hacer seguimientos a cónyuges. Y actuaba con gran habilidad, ya sea para traspasar las barreras de protección que se suponen aseguran computadores y comunicaciones de carácter privado o público, o para hacer seguimientos ilegales mediante la interceptación de los teléfonos o los medios electrónicos.

En apariencia, tal forma de delincuencia no tiene mayor incidencia en la actividad pública. Por el contrario, su actividad es de particular peligrosidad, en la medida en que viola el derecho a la intimidad, pone en peligro la información y destruye la confianza. No es entonces cualquier cosa, al punto en que en los países desarrollados se castiga con gran rigor, ante el riesgo que significa para las relaciones internacionales y la estabilidad económica.

No es pues un asunto de poca monta que termina con las capturas que hasta ahora se han producido, o se relacionan exclusivamente con un excoronel que fungía como asesor de seguridad del alcalde de Ipiales. Ni es apenas una especie de boutique donde se podía espiar a los contrincantes políticos, se ofrecían informaciones a los grupos de delincuencia en la región, se realizaba espionaje industrial o se hacía seguimiento a los maridos o esposas infieles.

Por el contrario, lo descubierto hasta ahora configura una amenaza a la información en Colombia, que crea incertidumbres no solo a la actividad política o partidista. Por lo tanto, al reconocer el esfuerzo que realizaron las autoridades para descubrir la red y meter presos a los que hasta ahora parecen ser sus dueños, también es imperioso que se profundice la investigación y se alerte a los colombianos sobre los riesgos que amenazan sus derechos a la intimidad.

Así como se necesita seguridad en las calles de las ciudades o en el campo colombiano, la protección a la reserva de los datos y de la intimidad no pueden quedar expuestos a los mercenarios que se lucran del espionaje electrónico o a los intentos por hackear la información.

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