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"El control electoral debe permanecer en lo contencioso": Presidente Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Octavio Ramírez, explicó en entrevista con Colprensa las medidas que la Corporación adoptó internamente para buscar que haya más transparencia en sus procesos de cara a la ciudadanía, tras un año difícil para la Rama Judicial ante el escándalo de corrupción que rodeó a la Corte Suprema de Justicia.

Ramírez sostiene que el Consejo de Estado ha venido actuando en este sentido desde hace varios años y anunció que ya tienen listos algunos proyectos e iniciativas de reformas puntuales a la justicia.

El año que terminó fue duro para la Rama Judicial en general por los temas de corrupción. ¿Qué balance se puede hacer?

En lo institucional quisimos adoptar mecanismos de autorregulación para promover valores fundamentales: la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad de nuestros actos, en la medida que contribuyen a generar confianza en la ciudadanía. Se hicieron reformas reglamentarias y se aplicaron medidas administrativas para garantizar decisiones más ágiles y otras relacionadas con el comportamiento institucional y personal de consejeros, magistrados auxiliares y empleados. Igualmente, en materia de conjueces, de publicidad de nuestros actos en la página web y en información de las decisiones. Y se elevó a rango reglamentario la Comisión de Ética y Transparencia, asignándole funciones para generar confianza en la ciudadanía frente a nuestros actos.

En concreto, ¿cuáles fueron las reformas al reglamento?

Hay cuestiones en donde se genera mucha suspicacia por la ciudadanía. Primero, el clientelismo judicial. Me atrevería a decir que en la jurisdicción contenciosa administrativa el 90 % o más de sus funcionarios y empleados está inscrito en carrera judicial, que es un sistema de méritos. Y en relación con el 10 % restante, la Sala Plena adoptó dos decisiones: le pidió a la Universidad de los Andes y a la Red Universitaria que hiciera un estudio sobre los nombramientos en provisionalidad que se han hecho en los tres últimos años para saber si hubo clientelismo o si, como creemos nosotros, los nombramientos se han hecho con fundamento en reglas de mérito.

¿Se esperarán esos resultados para definir una hoja de ruta?

Pedimos ese estudio que lo hará la Universidad de los Andes, pero nos anticipamos aún más. En el reglamento se consagró una norma en el sentido de que esas designaciones se deben hacer con criterio de mérito. La reforma empezará a regir este año. Otras cuestiones tienen que ver con suspicacias que se generan en relación con el reparto de procesos o en la designación de conjueces y se dieron instrucciones para que se hicieran en audiencia pública, para que haya publicidad en ese tipo de actuaciones. Igualmente, se reguló la situación de los magistrados auxiliares y empleados sobre impedimentos y conflictos de intereses.

Se aprobó una reforma interna a la Sección Primera, ¿en qué consiste?

Se buscó solucionar situaciones coyunturales o transitorias permitiendo que otras Secciones colaboren en la decisión de asuntos, a través del mecanismo de reasignación de procesos. Estrenamos esa medida este año. La Sección Primera pasó a la Sección Quinta 400 procesos con el fin de lograr una mayor evacuación.

¿Esas medidas son consecuencia del impacto del escándalo de corrupción en la Corte Suprema?

No. El Consejo de Estado viene en este propósito de transparencia y rendición de cuentas hace algunos años. No es una medida coyuntural, sino una continuidad de los propósitos y programas en los que el Consejo de Estado viene trabajando hace varios años. Coincidió el escándalo de la Corte con esas medidas, pero le quiero contar que incluso en la Corte Suprema nos han pedido que le compartamos lo que hemos hecho para ver si las consideran convenientes.

La nueva reforma a la justicia se liderará desde las Cortes, según se acordó en la cumbre de la Corte Constitucional en Pasto. ¿Cuál es la importancia de esta decisión?

Nosotros siempre hemos creído que una reforma a la justicia supone la participación de todos los actores de la justicia: la academia, los jueces, los abogados, la ciudadanía, las ONG, entre otros. En ese propósito se inscribe la declaración de Pasto y los estudios que viene haciendo la Corporación en la materia. Ya el Consejo de Estado, por conducto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, tiene varios proyectos de acto legislativo y de ley que apuntan precisamente a eso.

Hay que empezar reformas de corto, mediano y largo plazo, porque hay algunas que no requieren reformas constitucionales o legales, sino que hacen parte de la autorregulación.

¿Cuáles son los elementos urgentes que requiere la reforma?

Hemos mirado lo que tiene que ver con las facultades de postulación y nominación de las Cortes; la intervención de lo contencioso administrativo en materia electoral; lo relacionado con la tutela; la necesidad de hacerle algunos ajustes al Código de Procedimiento Administrativo en orden a mejorar la eficacia de la gestión procesal y de las decisiones.

Proyectos que ya están, digamos, listos y que esperamos en su momento poder presentarlos al Congreso.

En el Congreso avanza un proyecto de ley que convoca a una asamblea nacional constituyente de la senadora Viviane Morales para reformar la justicia. ¿Está de acuerdo?

Nosotros siempre hemos dicho que lo primero que tenemos que definir es qué hay que reformar y luego el cómo. Y en ese propósito estamos haciendo los estudios de aquellos aspectos que tienen que mejorarse. Yo creo que el mecanismo y el procedimiento podrá definirse con posterioridad, porque lo esencial es qué es lo que hay que reformar.

La Constituyente es uno de los tantos mecanismos que permitiría la reforma a la justicia en los aspectos que requieren una reforma constitucional. Hay otros aspectos que no lo requieren, por eso yo creo que hay que fijar unas prioridades y lo primero es qué hay que reformar.

¿Preocupa que este tema se convierta en ‘caballito de batalla’ de la campaña electoral?

La Corporación siempre ha sido consciente de que es necesario discutir una reforma a la justicia. No es una cuestión coyuntural.

Se cayó la Reforma Política en el Congreso. ¿Cuál es la posición de la Corporación sobre las competencias que se le pretendían quitar a la Sección Quinta en materia electoral?

El Consejo de Estado siempre ha defendido la idea que el control de la actividad electoral debe permanecer en la jurisdicción contencioso administrativa. No solo por razones históricas, sino de control y de conveniencia. Si esa idea vuelve a discutirse, el Consejo de Estado seguirá defendiendo que el juez contencioso es el mejor preparado para el control de los actos de las autoridades públicas, incluyendo dentro de ellas las autoridades electorales.

¿Cómo se va a implementar la segunda instancia para pérdida de investidura aprobada en el Congreso?

Tenemos que esperar que el proyecto sea sancionado por el Presidente de la República y mirar cuáles son las normas transitorias en relación con la aplicación de esa ley en el tiempo.

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